Bogotá.- El presidente colombiano, Álvaro Uribe, podrá quedar a merced de la Corte Penal Internacional (CPI) antes que las FARC por negarse a facilitar la puesta en libertad de los rehenes de esta guerrilla, pronosticó hoy en Bogotá la congresista opositora Piedad Córdoba.
La senadora advirtió de que Uribe, el Ejecutivo y los sectores que lo apoyan pueden fallar en los cálculos que hacen en sus discursos sobre la eventual próxima comparecencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ante la CPI.
Esa Corte tendrá competencia plena sobre Colombia a partir de noviembre próximo, cuando expira la salvedad de siete años que hizo el Gobierno para que el alto tribunal, creado por iniciativa de la ONU, no asumiera los casos de crímenes de guerra cometidos en el país, con el fin de que se facilitaran negociaciones de paz con los grupos armados ilegales.
"Creo que muy rápidamente le va a ir a hacer compañía el Gobierno, de pronto primero que ellos (los guerrilleros)", predijo Córdoba durante una comparecencia ante el XI Foro Nacional por los Derechos Humanos y la Paz.
Más de medio millar de delegados de todo el país asisten a esta cita de tres días, convocada en la capital colombiana por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH).
Córdoba dijo que cree que Uribe llegará primero a la CPI porque ha perpetuado "el dolor de los demás" y porque en un "estado de guerra como el que vive Colombia" no ha permitido que "se pueda afianzar, se pueda avanzar hacia la búsqueda de la paz, hacia la búsqueda de la concordia y, sobre todo, hacia la discusión de los grandes temas que tiene el país".
"Él (Uribe) hace uso arbitrario de sus propias razones y él viola el Derecho Internacional Humanitario y viola los protocolos que lo adicionan", puntualizó la senadora.
Según ella, el Presidente ha infringido esta normativa al "no permitir la libertad de las personas que están en poder de las FARC".
La política se refirió al caso de los 23 militares y policías que los rebeldes retienen con fines de canje por medio millar de insurgentes presos, varios de ellos extraditados a Estados Unidos, mediante la negociación de un acuerdo humanitario.
Sin embargo, las FARC anunciaron hace cinco meses su decisión de liberar de manera unilateral a dos de ellos y entregar los restos de otro que murió en cautiverio, pero la misión no se ha podido realizar por la falta de aclaraciones del Gobierno con respecto al papel que debe ejercer la senadora Córdoda en esa misión.
La congresista, líder del colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), pidió a Uribe que le hiciera las precisiones en una audiencia, que él no la ha concedido, motivo por el cual la política aseguró que no intentará más.
En este contexto advirtió que la puesta en libertad de los rehenes no se dará al menos antes de mayo del año próximo, cuando se celebrarán los comicios presidenciales en las que es previsible que Uribe concurra como candidato a una segunda reelección consecutiva.
"No puedo salir a recibir ni (el Comité de) la Cruz Roja (Internacional) se va a someter a eso ni la Iglesia (católica), sin contar con el apoyo del Gobierno para poder recibir a quienes están en poder de las FARC", notificó Córdoba en declaraciones a Efe.
La congresista consideró que hacerlo es correr "un riesgo supremamente alto y, además, significaría que tuviéramos una relación cercana, directa y muy eficaz con las FARC".
El director del semanario comunista Voz y miembro del grupo CCP, Carlos Lozano, dijo a Efe que es probable que todo este proceso humanitario se trunque "porque el Gobierno y el presidente Uribe, en particular, está en campaña electoral reeleccionista y, por supuesto, en sus cálculos no están las salidas pacíficas y democráticas".
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