Buenos Aires.- La Justicia argentina investiga la llamada "mafia de los medicamentos" tras la detención de un empresario acusado de adulterar productos oncológicos y para VIH, y de irregularidades en el manejo de subsidios, en un caso que salpica al Gobierno y ya ha costado el puesto a un funcionario.
El empresario farmacéutico Néstor Lorenzo fue detenido el pasado viernes y los investigadores hallaron en su casa "una serie de facturas que tienen que ver con posibles aportes a la campaña presidencial" de 2007 de la mandataria, Cristina Fernández, indicó hoy el juez federal a cargo de la causa, Norberto Oyarbide.
Lorenzo, propietario de la distribuidora farmacéutica San Javier y proveedor de medicamentos a numerosas obras sociales, está acusado de adulterar remedios y de haber defraudado al Estado por una suma que puede ascender a los 600 millones de pesos (158 millones de dólares), dijeron fuentes judiciales a la prensa local.
"La prueba fundamental está centrada en importantes escuchas telefónicas, altamente reveladoras, que dan cuenta de conexión de importantes figuras de nuestra sociedad que se dedicaban abiertamente a la comercialización y adulteración de medicamentos oncológicos y para VIH", sostuvo Oyarbide a los periodistas.
El juez indicó que "también se vendían medicamentos robados que estaba prohibido comercializar porque eran medicamentos que el Ministerio de Salud debe entregar en forma gratuita".
Lorenzo era hasta ahora proveedor de medicinas del ex Hospital Francés y de la obra social La Bancaria, donde se entregaban "medicamentos que no surtían efecto en el paciente y habían sido vendidos por la droguería San Javier", añadió el magistrado.
Fuentes judiciales dijeron al diario La Nación que varios médicos denunciaron que "estaban inyectando agua en vez de los antibióticos".
Oyarbide reveló además que, en las escuchas telefónicas, el subsecretario de Control Sanitario bonaerense, Alberto Costa, aparece "en diálogos muy complicados" con Lorenzo.
Como consecuencia, el ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin, pidió hoy a Costa su renuncia y aclaró a través de un comunicado que la dependencia a su cargo "no tiene ningún vínculo comercial con la empresa San Javier".
"La empresa no forma parte del registro de proveedores del Ministerio", precisó la nota oficial.
El caso también salpica al ámbito sindical ya que la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, quien renunció el pasado 29 de junio, denunció la existencia de una "relación muy estrecha" entre Lorenzo y el titular del sindicato bancario, Juan José Zanola.
Lorenzo "manejaba todos los contratos de (la obra social) La Bancaria, servicios que resultan totalmente deficitarios", sostuvo Ocaña, que advirtió además que, de las 400 denuncias recibidas por el Estado en los últimos cinco años por medicamentos adulterados o robados, el 80 por ciento corresponde a una serie de droguerías en las que "siempre aparece Lorenzo".
La ex ministra, quien durante su gestión también denunció la llamada "mafia de los medicamentos", sostuvo que este empresario tenía otras distribuidoras "vinculadas" a tres empresarios asesinados el año pasado a las afueras de Buenos Aires, relacionados con el tráfico de efedrina, sustancia utilizada para la elaboración de drogas sintéticas.
La detención de Lorenzo se realizó en el marco de una treintena de allanamientos concretados en distribuidoras de fármacos, estudios jurídicos y la obra social del sector bancario.
En tanto, el diputado bonaerense de la opositora Coalición Cívica Sebastián Cinquerrui se presentó hoy ante la Justicia para solicitar que se sume la documentación relacionada con Lorenzo a la investigación ya en curso sobre la financiación de la campaña presidencial de Cristina Fernández.
Por su parte, el abogado Ricardo Monner Sans pidió a la justicia que profundice la investigación por el presunto aporte de dinero de laboratorios medicinales, ahora investigados, a la campaña.
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