Buenos Aires.- El Gobierno argentino dispuso hoy la intervención del sistema de salud del sindicato de trabajadores bancarios, medida que había sido solicitada por un juez que investiga la llamada "mafia de los medicamentos" ilegales.
La intervención fue decretada por la presidenta del país, Cristina Fernández, luego de que el magistrado Norberto Oyarbide advirtió sobre la "gravedad inusitada" de la adulteración de medicinas, que "compromete la salud pública".
La obra social (sistema de salud) de los empleados bancarios quedó en el centro de las sospechas a partir de una serie de procedimientos efectuados la semana pasada por orden de Oyarbide, a cargo de una causa que también salpica al Gobierno.
"La instrucción de la presidenta es ir hasta el fondo, identificar a los responsables de este hecho criminal y que les caiga todo el paso de la ley", dijo el ministro argentino de Salud, Jorge Manzur, al dar a conocer la decisión de Fernández en una rueda de prensa.
Agregó que el interventor designado por el Gobierno, el médico Pedro Ferrara, "deberá recabar la mayor información posible sobre los pacientes atendidos en los últimos tiempos y qué medicación recibieron".
Por su parte, el jefe del Gabinete, Aníbal Fernández, detalló que en un oficio que le envió el juez Oyarbide el pasado fin de semana "habla de remedios para patologías muy severas que han sido adulterados".
Minutos antes del anuncio del Ejecutivo, el magistrado confirmó que citará a declarar al titular de la obra social y del sindicato de trabajadores bancarios, Juan José Zanola, quien "está altamente comprometido" en este caso.
En declaraciones a periodistas, Oyarbide indicó que el sindicalista, afín al Gobierno de la peronista Fernández, quedó vinculado a la investigación "en base al material reunido" en allanamientos que se llevaron a cabo en los últimos días.
En un procedimiento efectuado el último viernes en el principal centro médico de la obra social bancaria en Buenos Aires, la Policía descubrió remedios oncológicos vencidos, entre otras irregularidades.
Esta investigación se reactivó hace dos semanas con la detención de Néstor Lorenzo, propietario de la distribuidora farmacéutica San Javier y proveedor de medicamentos a numerosas obras sociales, al que se acusa de adulterar productos oncológicos y contra el VIH.
El juez Oyarbide ha revelado que en la vivienda de Lorenzo, acusado de haber defraudado al Estado por unos 600 millones de pesos (unos 155 millones de dólares), se hallaron "una serie de facturas que tienen que ver con posibles aportes a la campaña presidencial" de 2007 de Cristina Fernández.
El magistrado señaló hoy que, "de ser necesario", citará a declarar tanto a Manzur como a Claudio Zin, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, así como a Lorenzo, recientemente liberado bajo fianza.
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