Buenos Aires.- La causa por la denominada "mafia de los medicamentos" abierta en Argentina ha destapado el "lado oscuro" de entidades de médicas manejadas por sindicatos, acusadas de falsificar historiales clínicos y adulterar fármacos contra el VIH y el cáncer, afirmaron hoy a Efe fuentes ligadas a la investigación.
El caso estalló a comienzos de este mes con la detención del empresario farmacéutico Néstor Lorenzo por adulteración de medicinas y salpicó al sistema de salud del sindicato de trabajadores bancarios, aunque las irregularidades pueden alcanzar a otro medio centenar de mutualidades.
El fiscal Luis Comparatore pidió esta semana al juez federal encargado de la causa, Norberto Oyarbide, que amplíe a 51 obras sociales (mutualidades sindicales) la investigación por tráfico de productos adulterados o vencidos, venta de muestras gratuitas y la relación entre esas entidades y distribuidoras farmacéuticas investigadas.
La solicitud del fiscal promete el desfile por los tribunales de algunos de los principales dirigentes sindicales del país, según Oyarbide, quien aseguró además que "son cientos" los testigos que acuden al juzgado para denunciar perjuicios por el consumo de medicamentos adulterados.
Entre las obras sociales sospechosas se encuentra la del sindicato de camioneros, dirigido por Hugo Moyano, líder de la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país.
"Es muy importante la investigación de la fiscalía porque hace más de un año que está recolectando pruebas", señaló a Efe la ex ministra de Salud de Argentina Graciela Ocaña, que renunció a finales de junio pasado en medio de un enfrentamiento con Moyano, cercano al Gobierno de Cristina Fernández.
Cuando Ocaña ocupaba la cartera de Salud, el Ministerio presentó una denuncia judicial vinculada a "la ingeniería de obras sociales para cobrar reintegros, como la generación de historias clínicas inexistentes y la falsificación de los troqueles (resguardos) de medicamentos", recordó la ex funcionaria.
Las presuntas maniobras de las mutualidades fueron realizadas ante la Administración de Programas Especiales (APE), un organismo descentralizado del Ministerio de Salud encargado de distribuir un fondo que actualmente asciende a 950 millones de pesos (250 millones de dólares) para patologías que requieren altos desembolsos, como el cáncer y el VIH.
La distribución de fondos de la APE al sistema de salud del gremio de camioneros creció un 700 por ciento entre 2004 y 2007, cuando percibió 14,2 millones de pesos (3,7 millones de dólares), según registros oficiales cedidos por Ocaña a sectores de la oposición.
"Que hagan las investigaciones que quieran. No tengo ningún tipo de inconveniente; está todo abierto", afirmó Moyano al ser consultado por la causa.
"APE pasó a tener un presupuesto de 340 millones de pesos (unos 88 millones de dólares) en 2004 a 950 (millones, equivalentes a 246 millones en dólares) en 2009", indicó a Efe el diputado de la opositora Coalición Cívica Fernando Sánchez, quien también presentó una denuncia por estas supuestas irregularidades.
"La distribución a las obras sociales es absolutamente discrecional y no hay rendimientos sobre el giro de esos fondos", añadió Sánchez.
El legislador indicó que "numerosas obras sociales desviaban esos fondos a través de la adulteración de historias clínicas en las que se inventaban enfermedades para pedir los subsidios al Gobierno y falsificaban los troqueles de los medicamentos para rendir supuestas compras, por las que pedían reembolsos".
"También adulteraban medicamentos destilándolos, por ejemplo, con lo que hacían dos productos de uno y robaban productos del sistema de distribución gratuita para hacerlos pasar por comprados y pedir los consiguientes reembolsos", detalló.
Sánchez advirtió que de en este "mercado negro" de medicamentos participan distribuidoras de fármacos como San Javier, propiedad de Néstor Lorenzo, el empresario proveedor de obras sociales implicado en la causa.
El caso también salpica al Gobierno ya que en la vivienda de Lorenzo, acusado de defraudar al Estado unos 600 millones de pesos (unos 155 millones de dólares), se hallaron "una serie de facturas que tienen que ver con posibles aportes a la campaña presidencial" de 2007 de Cristina Fernández, reveló Oyarbide.
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