Quito.- El fiscal general de Ecuador, Washington Pesántez, anunció hoy que pedirá a la fuerza pública que ubique y traslade al político Fernando Balda al Ministerio Público, para que declare sobre una grabación clandestina de un supuesto hecho de corrupción que involucra al Gobierno.
Pesántez aclaró que ese procedimiento lo establece la ley y recordó que Balda no ha acudido a tres audiencias establecidas por la Fiscalía, en la indagación sobre una denuncia del reo, que incluía una grabación clandestina de una reunión en la Presidencia de la República.
Hace dos semanas, Balda, en un canal de televisión, presentó la grabación de audio en la que, según él, el presidente de la República, Rafael Correa, discutía con políticos afines al Gobierno sobre supuestos cambios irregulares efectuados a la nueva Constitución, aprobada en referendo en septiembre del año pasado.
Balda no ha revelado cómo ni quién le proporcionó la grabación y tampoco ha logrado demostrar el supuesto hecho de corrupción, aunque la denuncia la investiga el Ministerio Público.
"Vamos a proceder como corresponde", señaló Pesántez a periodistas y remarcó que la ley establece que las personas que no acudan por tres veces consecutivas a declarar a la Fiscalía, tras ser convocadas, "podrán ser obligadas a través de la fuerza pública".
Además, el fiscal dijo que Balda tiene la "obligación moral y legal" de precisar quién le proporcionó una grabación clandestina, más aún si ésta se hizo en el despacho presidencial.
De su lado, Balda, en una declaración al canal Ecuavisa, ha manifestado su decisión de no acudir a la audiencia en la Fiscalía, por el temor a ser detenido.
Además, el político, integrante del opositor Partido Sociedad Patriótica, ha dicho a esa emisora que no huirá del país.
La Presidencia de la República emprendió un proceso contra Balda por haber difundido una grabación clandestina, prohibida por la ley, de una conversación del presidente Correa en su despacho.
El propio Correa ha señalado que este caso podría ser considerado como un delito en contra de la seguridad nacional y ha acusado a la oposición de tener micrófonos en la Presidencia de la República.
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