El Gobierno asegura que ha actuado de acuerdo con la legalidad en El Mazo

Renedo.-  El Gobierno de Cantabria ha asegurado hoy que ha actuado de acuerdo con la legalidad en el vertedero de El Mazo y ha recordado al alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco (PP), que un municipio no puede paralizar obras de interés general.

Según una nota de prensa remitida por el Gobierno, el alcalde de Piélagos no puso objeciones al vertido en El Mazo cuando en Cantabria gobernaba el PP y, en la actualidad, la Consejería de Medio Ambiente, actuando de acuerdo con la Ley del Suelo de Cantabria, está llevando a cabo en el vertedero una obra de interés general.

El depósito de residuos en el vertedero de El Mazo -explica el Ejecutivo- comenzó en el año 2001, estando el PP en el Gobierno regional, con la aceptación del Ayuntamiento de Piélagos regido entonces, al igual que en estos momentos, por Pacheco.

En la actualidad, añade, la Consejería de Medio Ambiente ha tenido que recurrir al artículo 194 de la Ley del Suelo para llevar a cabo obras de excepcional interés público, debido a la "frontal oposición por llegar a un acuerdo" del alcalde, que ha decidido incoar un expediente pocos meses antes de la clausura del vertedero.

A lo largo de los últimos seis años el Gobierno de Cantabria ha intentado regularizar la situación y, tras "infructuosos" intentos de establecer un acuerdo con el Ayuntamiento de Piélagos, que "chocaron con la cerrazón municipal", se decidió en septiembre de 2006 iniciar los trámites que la Ley del Suelo marca para dar cabida en el planeamiento municipal a una instalación de interés regional, señala el comunicado.

El Ejecutivo regional considera que El Mazo cumple unas funciones fundamentales para Cantabria en materia de residuos industriales no peligrosos, de evidente interés público general en tanto no se ponga en servicio el nuevo vertedero previsto en el monte Carceña.

Además, la nota explica que el Gobierno de Cantabria ha tenido que realizar diversas ampliaciones en El Mazo sin que el Ayuntamiento otorgara los correspondientes permisos municipales, al considerar que dicho vertedero era incompatible con su planeamiento urbanístico.

Por ello, y en cumplimiento de la legalidad aplicable, la Consejería de Medio Ambiente optó por tramitar el procedimiento previsto en el citado artículo 194 de la Ley del Suelo de Cantabria para evitar que un Ayuntamiento, por su propia iniciativa, pueda paralizar una obra de estas características.

La Consejería ha mantenido con los representantes municipales una serie de reuniones para intentar llegar a un acuerdo de colaboración y coordinación con el Ayuntamiento y, "ante su obstinada oposición", se remitieron los expedientes a la CROTU (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo), que se pronunció a favor de las tesis de Medio Ambiente al señalar que El Mazo "no es incompatible con el Plan General de Ordenación Urbana de Piélagos", según el comunicado.

No obstante, y para mayor seguridad jurídica, añade, Medio Ambiente ha procedido a tramitar la correspondiente modificación puntual de PGOU de Piélagos para adoptar las mayores cautelas posibles con el objeto de cumplir con el ordenamiento jurídico y actuar de forma coordinada con el Ayuntamiento.

Sin embargo, en las reuniones mixtas que se celebraron entre la Administración autonómica y la Administración municipal no se llegó a ningún acuerdo, lo que supuso que desde el Gobierno se redactara una propuesta de modificación del PGOU para su remisión al Ayuntamiento.

El Gobierno califica de "oportunista" la actitud del alcalde de Piélagos y la ve "difícilmente comprensible" en unos momentos en que el vertedero de El Mazo, que también cuenta con su correspondiente Autorización Ambiental Integrada, está próximo a finalizar su vida útil ya que, con la entrada en servicio en el plazo de unos meses del nuevo vertedero de Carceña, se abandonará el vertido y se comenzará las labores de recuperación de este emplazamiento.

Por su parte, en declaraciones a Efe, Pacheco ha exigido que se cierre el vertedero "de una vez" y ha asegurado que el expediente abierto por el Ayuntamiento contra el Gobierno regional por verter en El Mazo continúa adelante y llegará "hasta donde tenga que llegar, porque lo que está claro es que son vertidos sin ninguna licencia".

Además, ha asegurado que el Gobierno ha pedido la ampliación de una licencia de vertido que "no ha existido nunca" y que se trata de una actividad que no se puede legalizar porque el terreno está calificado como rústico en el planeamiento municipal, lo cual no permite su utilización como vertedero.