Santiago de Chile.- El número de represores chilenos procesados por el juez Víctor Montiglio por su presunta responsabilidad en tres casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet aumentó hoy a 131, informaron fuentes judiciales y policiales.
Incluso, según las fuentes, la cifra de imputados aún podría crecer, pues el juez eliminó en sus resoluciones el criterio de la responsabilidad del mando (obediencia debida) y determinó la responsabilidad criminal hasta de agentes que cumplían tareas como guardias o traslado de detenidos.
Las fuentes confirmaron que el juez dictó órdenes de arresto contra todos los imputados, independientemente de otras situaciones procesales que los afecten.
Todos están procesados como presuntos autores de secuestros calificados (desapariciones) de varios centenares de opositores a la dictadura de Pinochet (1973-1990), ocurridas entre 1974 y 1977.
Si a los ahora procesados se suman los casos de represores ya condenados en juicios relacionados con los mismos hechos, incoados de forma particular por familiares de las víctimas, los implicados se elevan a cerca de 150.
El general retirado Manuel Contreras, que fue el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), acumula dos condenas a perpetua y más de 300 años de prisión en alrededor de una veintena de sentencias en su contra.
También acumulan decenas de sentencias en contra los ex brigadieres Pedro Espinoza, Miguel Krasnoff y Marcelo Moren Brito, así como el suboficial Basclay Zapata, entre otros miembros de la 'cúpula' que dirigía el organismo.
Este miércoles comenzaron a ser confinados en un cuartel de la Marina once ex miembros de esa institución y en una base aérea catorce efectivos retirados de la Fuerza Aérea.
Para el jueves, según las fuentes, está previsto que ocurra lo propio con 32 miembros de la Policía militarizada de Carabineros, seis ex integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI) y dos antiguos funcionarios de Gendarmería (Servicio de Prisiones).
El viernes, por último, deberán presentarse en el Batallón de Policía Militar, en el sector santiaguino de Peñalolén, más de sesenta de efectivos retirados del Ejército.
Las diligencias no incluyen redadas, sino que los imputados deben presentarse en dependencias de la institución a la que pertenecían, dijeron a Efe fuentes vinculadas al proceso.
Se trata del procesamiento del mayor número de personas dictaminado por la Justicia chilena en relación con las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, en concreto en las operaciones Cóndor y Colombo, así como en el caso conocido como Calle Conferencia, más una arista de este último conocido como Caso de los Trece.
La Operación Cóndor fue una estrategia coordinada entre las dictaduras militares del Cono Sur de América para eliminar opositores en los años 70 y comienzos de los 80.
La Operación Colombo fue un montaje creado en 1975 para encubrir la desaparición de 119 opositores, que fueron mostrados en medios ficticios de comunicación extranjeros como muertos en pugnas internas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
El caso Calle Conferencia consistió en el exterminio, a mediados de 1976, de toda la directiva del Partido Comunista que actuaba en la clandestinidad y el referido a "los 13" fue una derivación de ésta en la que se hicieron desaparecer trece dirigentes medios de la misma agrupación.
Viviana Díaz, líder de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), consideró "importante" la labor del juez Montiglio, porque queda demostrado que en la represión actuaron miembros de todas las ramas de las Fuerzas Armadas.
Recordó, en declaraciones a los periodistas, que recién en 2007 pudo conocer el destino de su padre, el dirigente comunista Víctor Díaz, una de las víctimas del caso Calle Conferencia, que fue asesinado en un cuartel de exterminio de la DINA (Simón Bolívar), de cuya existencia nada se sabía hasta entonces.
En tanto, el abogado Mauricio Unda, defensor de los militares procesados, afirmó que "no tiene sentido procesar a personas que trabajaban en una institución altamente jerarquizada y que en su gran mayoría no tenían el dominio de la situación".
"El control de los hechos está radicado única y exclusivamente - y esto en un principio del derecho penal- en el mando", subrayó Unda, que añadió: "No podemos extender el dominio del hecho a un guardia que abre y cierra una puerta".
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