Santiago de Chile.- Las asociaciones de derechos humanos pidieron hoy al Gobierno chileno que aclare y acabe con los pagos de sueldos por honorarios que el Ejército realiza a varios represores de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
"El Gobierno debe cortarle estos sueldos a esta gente", dijo a Efe la presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, Marta Godoy, quien consideró "una vergüenza que el Gobierno permita una cosa así".
El diario La Nación revela hoy que el Ejército paga sueldos de hasta 2.200 dólares mensuales a ex agentes de la policía secreta, a un médico que torturó a prisioneros y a un ex fiscal que falsificó documentos para encubrir el crimen del diplomático español Carmelo Soria.
"Yo pienso que el Gobierno siempre lo supo, porque tiene un ministro de Defensa que es el que tiene acceso a toda la información de las Fuerzas Armadas", señaló Godoy, que ya había oído de la existencia de estas prácticas hace varios años.
"El Ejército no ha dado muestras todavía de querer cooperar en la verdad de las desapariciones y crímenes cometidos por la dictadura", dijo por su parte la presidenta de la corporación Parque Por la Paz Villa Grimaldi, Margarita Romero.
"Me parece inaceptable. Es una ofensa a los familiares y a la sociedad chilena", recalcó Romero, quien consideró que el Gobierno de Michelle Bachelet "debería pedir explicaciones" al Ejército, según informa Radio Cooperativa.
Romero hizo estas declaraciones durante el homenaje que el Partido Socialista (PS) rindió en Santiago a los detenidos desaparecidos en Villa Grimaldi, un antiguo centro de detención y tortura convertido hoy en un parque por la paz.
Allí, el presidente del PS, Camilo Escalona, subrayó que "el hecho de que hay un número importante de los principales comprometidos que están procesados, con penas de cárcel o están teniendo que responder ante la Justicia es un avance significativo".
En tanto, los familiares de las víctimas realizaron una ofrenda floral en el Memorial del detenido desaparecido y ejecutado político del Cementerio General de Santiago, donde muchos de los nichos destinados para ellos permanecen aún vacíos.
Hasta allí acudieron miembros de las asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos, que estuvieron acompañados por representantes de sindicatos y de otras organizaciones sociales.
Según cifras oficiales, durante la dictadura hubo en Chile más de 3.200 víctimas, de las que 1.192 están calificadas como detenidos desaparecidos, y más de 28.000 personas fueron encarceladas o torturadas.
Además, los familiares de las víctimas se manifestaron ayer en Santiago para rechazar la posible inclusión de condenados por delitos de lesa humanidad en una iniciativa de indulto propuesto para el Bicentenario de la Independencia de Chile, en 2010.
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