Santiago de Chile.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) establecerá en Santiago su primera sede regional para América del Sur, informaron hoy fuentes de ese organismo en Chile.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, firmó esta semana en Nueva York el acuerdo para crear esa oficina junto al canciller chileno, Mariano Fernández, y en presencia de la mandataria de ese país, Michelle Bachelet.
La oficina, que pretende promocionar y proteger los derechos humanos en América del Sur, será la segunda sede de la OACNUDH en Latinoamérica y la décima en el mundo.
La OACNUDH también cuenta con una oficina regional para América Central en Panamá y cuatro oficinas nacionales en Bolivia, Colombia, Guatemala y México.
Esta nueva oficina brindará apoyo a los gobiernos de la región en la implementación de sus obligaciones internacionales y promoverá la incorporación de los derechos humanos en las políticas nacionales, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales.
También cooperará con organizaciones intergubernamentales, la sociedad civil, el sector privado y los socios relevantes del sistema de las Naciones Unidas en sus respectivas áreas de trabajo.
Durante la dictadura militar (1973-1990), unas 3.200 personas murieron en Chile a manos de agentes del Estado y, de ellas, unas 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras que 28.000 personas fueron torturadas, de acuerdo con cifras oficiales.
Estos datos proceden de los informes "Rettig" y "Valech" sobre víctimas de la dictadura chilena, que el Gobierno reabrirá como parte de las iniciativas contempladas en el proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos Humanos.
La Comisión Rettig documentó en 1991 los casos de ejecutados y desaparecidos políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), mientras que la Comisión Valech investigó en 2003 los casos de los torturados y presos políticos.
Las asociaciones de familiares de víctimas de la dictadura han criticado al futuro Instituto de Derechos Humanos, toda vez que no va a tener competencia para interponer querellas contra presuntos represores.
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