Santiago de Chile.- Algunos incidentes perturbaron hoy en Santiago de Chile una marcha conmemorativa organizada por los familiares de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, de cuyo golpe de Estado se cumplen 36 años.
Los incidentes afectaron al candidato presidencial de la izquierda chilena, Jorge Arrate, que hizo parte de la movilización.
La marcha se inició con poco más de medio millar de personas en la céntrica Alameda Bernardo O'Higgins, la principal avenida de Santiago, pero fue aumentando hasta unas 3.000 a lo largo del trayecto, de unos 3,5 kilómetros, que culminó en el Cementerio General de la capital chilena.
Al llegar al Centro Cultural Mapocho, unas quince manzanas después del inicio, los manifestantes marchaban pacíficamente hasta que, por motivos no explicados, fuerzas antidisturbios de Carabineros dispersaron a centenares de manifestantes.
El candidato presidencial Jorge Arrate, que figuraba en la vanguardia de la marcha, se alejó de la misma, indignado por lo que consideró una represión injustificada y achacó la responsabilidad al intendente (gobernador) de Santiago, Igor Garafulic.
El representante de la coalición Juntos Podemos, que agrupa a los comunistas y a la izquierda extraparlamentaria, criticó el fuerte dispositivo de seguridad desplegado por la policía a lo largo del recorrido.
"Ésta ha sido una provocación de Carabineros que han comenzado a atacar la marcha. Han tirado bombas lacrimógenas, han tratado de dispersar a la gente. Es algo completamente inadmisible que no tiene explicación (...), esto es una democracia vigilada", denunció Arrate, antes de abandonar la manifestación".
Algunos manifestantes, en su mayoría jóvenes, le reprocharon a Arrate que se marchara y le instaron a seguir adelante.
Fuentes policiales, en tanto, señalaron que los efectivos actuaron después de que en la retaguardia de la marcha algunos manifestantes lanzaron piedras contra vehículos y edificaciones.
Otras de las situaciones denunciadas por los convocantes de la marcha fueron la rebaja y prescripción por parte de los tribunales de las penas de cárcel a los represores de la dictadura, y la contratación como asesores del Ejército de ex agentes procesados por violaciones a los derechos humanos.
"La contratación de ex represores dentro de las filas de las Fuerzas Armadas es algo que viene dándose desde hace mucho tiempo, aunque ahora es cuando se conoce", declaró a Efe Mireya García, dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
García denunció también "la aplicación de la prescripción a los violadores de los derechos humanos para que finalmente queden libres".
La marcha culminó con un acto en el monumento a la memoria de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que se levanta en el Cementerio General.
En ese lugar, la policía lanzó gases lacrimógenos y chorros de agua contra los manifestantes, mientras la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, conminaba a los carabineros a retirarse del cementerio para que los familiares pudieran homenajear a sus seres queridos.
"Esto es una represión sin sentido y sin razón", dijo Pizarro.
Grupos de encapuchados no vinculados con los organizadores de la marcha protagonizaron algunos desmanes al terminar la manifestación y provocaron destrozos en el mobiliario urbano, rompieron los vidrios de algunas casas y dañaron una unidad móvil de televisión.
Durante la noche del pasado viernes y el pasado sábado, tres personas murieron, una veintena resultaron heridas y 206 fueron detenidas en disturbios ocurridos en Santiago y otras ciudades por el aniversario del golpe que encabezó Augusto Pinochet.
Durante la dictadura militar (1973-1990) unas 3.200 personas murieron o desaparecieron a manos de agentes del Estado y más de 28 mil fueron encarceladas y torturadas, entre ellas la actual presidenta de Chile, Michelle Bachelet.
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