Naciones Unidas.- El activista de derechos humanos de Sri Lanka, Paikiasothy Saravanamuttu, pidió hoy a Naciones Unidas que preste una mayor atención a la situación de los miles de civiles tamiles que siguen desplazados tras el fin del conflicto interno en el país a finales del pasado mayo.
El responsable del Centro de Alternativas Políticas (CAP) de Colombo (Sri Lanka) señaló que unas 300.000 personas continúan confinadas en campamentos gubernamentales en el norte del país en condiciones precarias, que se agravarán con la llegada en los próximos meses de las lluvias del monzón.
La negativa del Gobierno a facilitar el regreso a sus hogares "por exageradas razones de seguridad puede conducir a una tragedia humanitaria", advirtió en una conferencia de prensa Saravanamuttu.
En ese sentido, señaló que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, debería considerar el nombramiento de un enviado especial para coordinar la asistencia internacional a los desplazados, tal como hizo el lunes en el caso de las víctimas del conflicto interno en Pakistán.
Recordó que durante su visita el pasado mayo a Sri Lanka el máximo responsable de Naciones Unidas se comprometió a seguir de cerca la situación en los campos de desplazados.
Saravanamuttu criticó el papel desempeñado por Naciones Unidas a nivel político durante la última fase de la ofensiva militar contra los guerrilleros tamiles, particularmente en lo que respecta a los bombardeos de áreas con civiles atrapados por los combates.
"En Sri Lanka nos sentimos decepcionados, ya que esperábamos una reacción más enérgica, que fuera más allá de declaraciones y comunicados", apuntó el activista, que en su visita a Estados Unidos también tiene previsto reunirse con representantes del Departamento de Estado en Washington para tratar la situación en su país.
Saravanamuttu también lamentó que la oposición de China y Rusia, en particular, evitara que el Consejo de Seguridad abordara la situación humanitaria provocada por el conflicto.
Asimismo, advirtió de que el Gobierno ceilanés tiene la obligación de investigar posibles violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército y las fuerzas de seguridad durante el conflicto con los guerrilleros de los Tigres para la Liberación de la Patria Tamil (LTTE).
"Todo el mundo es consciente de las atrocidades cometidas por el LTTE, pero también hay dedos que apuntan al Gobierno", dijo el activista.
Si las autoridades ceilanesas rechazan investigar presuntos crímenes cometidos contra la minoría tamil, esas "heridas abiertas pueden supurar" y complicar el proceso de reconciliación nacional, advirtió.
El Ejército ceilanés puso fin el pasado mayo a más de 25 años de guerra contra la guerrilla tamil, que luchaba por obtener un Estado independiente en el norte y este de Sri Lanka.
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