México.- Más de treinta ONGs de derechos humanos condenaron hoy el fallo del Supremo mexicano, que hace dos días ordenó, por hallar deficiencias en el proceso, la liberación de 20 indígenas implicados en la matanza de 45 tzotziles ocurrida en Acteal, sur de México, el 22 de diciembre de 1997.
La decisión "supone un grave riesgo para los derechos humanos debido a que, por negligencias cometidas por agentes del Estado mexicano durante el crimen cometido (...) en Acteal, así como en su proceso de investigación, éste quedará en impunidad", indica el comunicado.
Para las ONG la decisión de la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) "confirma una vez más el agotamiento de las instancias nacionales para garantizar el acceso a la justicia" en México.
Para estos grupos el fallo "pone en evidencia la incapacidad y la ineficiencia de las instancias" encargadas de hacer justicia en México, "lo que permite que éstas sean usadas discrecionalmente por las diversas autoridades como espacios de control político y de negociación".
Las ONG denunciaron que mientras los crímenes cometidos hace casi doce años en Acteal "no sean esclarecidos ni los responsables, tanto materiales como intelectuales, debidamente procesados y sentenciados, cualquier acción gubernamental carecerá de credibilidad".
Las organizaciones expresaron su solidaridad con los familiares de las 45 víctimas indígenas de la masacre, cometida por miembros de la misma comunidad pero de distintas ideas políticas.
También manifestaron su compromiso "para evitar que en la región vuelvan a imponerse las condiciones para el resurgimiento de la violencia".
El pronunciamiento lo suscriben más de treinta ONGs, entre otras Católicas por Derecho a Decidir y los centros de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria y Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), y el Sistema Universitario Jesuita.
Aunque la mayoría de las organizaciones son mexicanas, entre las firmantes están la danesa Tinku y la uruguaya Contraimpunidad.
Por otra parte el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) señaló en otro comunicado que con su decisión la SCJN "se convierte en un perpetrador más de la masacre", asume un papel "en la estrategia de contrainsurgencia en el marco del conflicto armado no resuelto en Chiapas" y alienta la tergiversación de los hechos.
En su nota el organismo, que representó legalmente a familiares de las víctimas de Acteal a lo largo del proceso, responsabiliza a la SCJN "de los riesgos a la vida, integridad y seguridad personal de las personas sobrevivientes, familiares, testigos y pobladores de las comunidades de Chenalhó", el municipio donde se ubica Acteal, de donde eran víctimas y perpetradores de la masacre.
Para el CDHFBC la decisión judicial, "en vez de abonar a una justicia verdadera (...) optó por la liberación de paramilitares", que "fueron y son identificados plenamente como autores materiales por las personas sobrevivientes y testigos directos del crimen de lesa humanidad".
A estos pronunciamientos críticos hay que sumar el emitido ayer por Amnistía Internacional (AI), que reclamó al Estado mexicano una nueva investigación sobre la matanza.
"Ésta es otra muestra de las graves deficiencias del sistema de justicia mexicano que parece incapaz de investigar, procesar y sancionar por medio de un juicio justo a los responsables de violaciones de derechos humanos," dijo AI a través de un portavoz.
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