Tuxtla Gutiérrez (México).- Veinte personas que permanecían presas desde hacía más de una década por la matanza registrada en 1997 en la comunidad mexicana de Acteal, en la que los agresores y las 45 víctimas fueron indígenas, salieron hoy en libertad tras la anulación del proceso judicial.
A las tres de la madrugada de este jueves, abandonaron de la prisión federal de El Amate, ubicada en la ciudad de Cintalapa, a unos 250 kilómetros de Acteal y unos 65 al oeste de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado sureño de Chiapas.
Mujeres e hijos de algunos de los liberados los esperaron a su salida, que se produjo de forma intempestiva para evitar el acoso de los periodistas.
La liberación, posible gracias a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió el miércoles anular el proceso por distintas irregularidades, estuvo precedida de una confrontación verbal entre los responsables del penal y los abogados, que alegaban que la decisión del tribunal era de cumplimiento inmediato.
El grupo de diez abogados que llevó la causa, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de la capital mexicana, explicó a la prensa que sus clientes "tienen derecho de ir a su casa, estar con su familia, de llorar a sus muertos", en alusión a los parientes que han fallecido durante su permanencia en prisión.
Uno de ellos, Agustin Gomez Pérez, perdió en 2005 a su hijo de 5 años cuando el camión en el que viajaba con su madre en dirección a la prisión se accidentó, apuntó uno de los letrados.
El periplo de regreso a su comunidad, ubicada a unas cuatro horas por carretera de la cárcel, se hizo hoy más largo de lo previsto por distintas razones y todavía es una incógnita cuando podrán finalizarlo para reencontrarse con sus seres queridos.
Tras abandonar el presidio, los indígenas fueron trasladados a un hotel ubicado a 50 kilómetros del penal por representantes de organizaciones sociales que pugnaron por su excarcelación.
Luego se dirigieron a la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, citados por el gobierno del estado, dijeron a Efe sus abogados.
José Antonio Caballero, del CIDE, explicó que serán sus clientes los que decidan si regresan hoy mismo a sus comunidades al concluir esa reunión, que a primeras horas de la tarde todavía proseguía.
Mientras, en la ermita de Acteal, junto a la cual está la tumba con las 45 cruces de las víctimas, el panorama este jueves era de absoluta tranquilidad, pues los activistas, familiares y sobrevivientes de la matanza aún no han retornado de Ciudad de México, donde ayer se manifestaron frente a la SCJN.
La tragedia conmovió a la opinión pública nacional e internacional y forzó la renuncia del gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entonces en el poder en el país. Algunos consideran a Ruiz el autor intelectual de la masacre.
En los meses previos a la tragedia de 1997, en la que murieron 21 mujeres, 4 de ellas embarazadas, 15 niños y 9 ancianos, la zona de Acteal había sido escenario de confrontaciones entre indígenas afines al gobierno del PRI y miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), del "Subcomandante Marcos", que se había levantado cuatro años antes.
En los meses que siguieron a la matanza las autoridades detuvieron a un centenar de personas, de las cuales una cincuentena permanece en la cárcel y solo nueve confesaron haber cometido el crimen.
Una de las razones argumentadas el miércoles por la SCJN para anular las condenas fue que se violaron las garantías individuales de los inculpados, entre ellas el derecho a una defensa adecuada.
Además, un testigo que inicialmente sostuvo que no hablaba español pasó después una lista con nombres de los supuestos autores, al parecer coaccionado por la policía.
Amnistía Internacional reclamó este jueves al Estado mexicano una nueva investigación sobre la matanza y opinó que el caso "muestra las graves deficiencias del sistema de justicia mexicano que parece incapaz de investigar, procesar y sancionar por medio de un juicio justo a los responsables de violaciones de derechos humanos".
Todavía quedan una treintena de indígenas con opciones de recuperar la libertad si prosperan sus amparos. Doce años después, víctimas y condenados siguen clamando justicia.
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