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Castilla y León afirma que "Viñedos de España" favorece a regiones con vinos malos

EFE
Actualizado 03-08-2009 10:55 CET

Valladolid.-  La Junta de Castilla y León considera que indicación geográfica "Viñedos de España", creada el 30 de julio por orden ministerial, "favorece a determinadas regiones españolas con exceso de producción y reducida calidad", por lo que la recurrirá.

Asimismo, considera que esta indicación ha sido "creada artificialmente" y "perjudicará la venta de los vinos castellanos y leoneses que responden a unos buenos cánones de calidad, fruto de años de tradición en producción y elaboración", según un comunicado del Gobierno regional.

La Junta recuerda que el sector vitivinícola de Castilla y León "es uno de los más importantes dentro de la industria agroalimentaria regional".

Desde el punto de vista productivo "Castilla y León, con 75.000 hectáreas de viñedo, es la cuarta región española en superficie y cuenta con una industria de transformación con más de 500 bodegas y un volumen de ventas que supera los 440 millones de euros al año, el 6,2% de la facturación agroalimentaria regional".

También señala el Gobierno regional que la producción vinícola de Castilla y León es además el tercer subsector en volumen de inversión, 57 millones de euros al año que supone el 11% de la inversión alimentaría regional, y uno de los más activos a nivel de exportación alcanzando 98 millones de euros de facturación al año.

La creación de dicha indicación específica se materializó el 30 de julio con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la correspondiente orden del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

En ella se reconoce y regula la indicación geográfica "Viñedos de España" para los vinos con derecho a la mención tradicional "Vino de la Tierra".

La Consejería de Agricultura y Ganadería considera que este reconocimiento es idéntico al que estableció la Orden del entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 27 de julio de 2006, que fue anulada a raíz de con un recurso contencioso-administrativo de la Junta de Castilla y León, que asimismo tramitó una denuncia ante la Comisión Europea por perjudicar los intereses del sector en Castilla y León.

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