Bogotá.- La Ley de Justicia y Paz colombiana, de cuya promulgación se cumplen cuatro años este sábado, ha posibilitado la desmovilización de 60.000 alzados en armas y también la confesión de más de 22.000 homicidios.
Los datos se difundieron hoy en el simposio "Justicia Transicional en Colombia" que reúne en Bogotá hasta mañana a expertos nacionales e internacionales para analizar los resultados de esa ley que busca la reconciliación nacional como salida al largo conflicto armado colombiano.
Esa norma, que contempla beneficios judiciales para los integrantes de los escuadrones de la muerte a cambio de confesiones o acciones encaminadas a lograr la paz, fue aprobada por el Congreso en 2005 a iniciativa del Gobierno y tuvo su origen en un previo acuerdo con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El fiscal general colombiano, Mario Iguarán, recordó hoy que los paramilitares desmovilizados que han participado del proceso confesaron en estos últimos cuatro años haber cometido 22.130 homicidios.
Los 3.700 ex integrantes de la ultraderecha armada que declararon ante la Fiscalía reconocieron además "casi 10.000 hechos delictivos" que, según el fiscal general, comprenden desapariciones, secuestros, extorsiones, violaciones, reclutamiento ilegal o desplazamientos forzados.
Las víctimas fueron, "por este orden", niños, mujeres, sindicalistas, indígenas, miembros de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), periodistas y defensores de derechos humanos.
El fiscal calificó de "satisfactorio" el balance de la ley Justicia y Paz al considerar que gracias a este proceso se han podido conocer "muchas cosas de las que no se tenía idea".
Iguarán confirmó que actualmente se investigan un millar de casos de "falsos positivos", como se conocen en Colombia las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las fuerzas del orden.
Asimismo señaló que desde que se promulgó la Ley se han practicado 1.700 exhumaciones y se han hallado 2.100 cuerpos en fosas, de los que 500 han sido identificados y entregados a sus familias.
La Fiscalía ha identificado unas 230.000 víctimas de crímenes, de las cuales 300 han recibido una indemnización del gobierno y 1.700 están en camino de recibirla.
En el mismo acto, el viceministro colombiano de Interior y Justicia, Miguel Ceballos, informó de que hasta el 30 de junio de 2009 el sistema de información de Justicia y Paz registró un total de 50.579 desmovilizados entre ex paramilitares y ex guerrilleros.
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