Washington.- El activista colombiano Gabriel González, que este jueves recibirá un premio en Nueva York por su arriesgada labor en pro de los derechos humanos, apoyó hoy que la Fiscalía de su país investigue a fondo los presuntos nexos entre el vicepresidente Francisco Santos y los paramilitares.
En entrevista con Efe, González ofreció un panorama sombrío sobre lo que calificó como una "profesión de alto riesgo" para los activistas de derechos humanos en Colombia, horas antes de acudir ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos en el Congreso.
La comisión invitó también por primera vez Margaret Sekaggya, la Relatora Especial de Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que visitó Colombia entre el 7 y 18 de septiembre pasados y se reunió con los diversos actores del conflicto armado más prolongado del continente.
"En mi país ser defensor de los derechos humanos se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Los defensores de los derechos humanos somos víctimas de desplazamiento forzado, desaparición, asesinato" y procesos judiciales arbitrarios, manifestó González.
En su mensaje a la comisión, González dijo que su grupo, el Comité de Solidaridad con los Prisioneros Políticos en Colombia (CSPP), y otros activistas están "totalmente de acuerdo" con la nueva investigación sobre el vicepresidente Santos, anunciada el lunes por el fiscal general interino, Guillermo Mendoza.
Según el activista, si bien muchos paramilitares están colaborando con la Justicia, poco se sabe de sus actividades, el origen de su financiación, "quién se ha beneficiado de esos delitos, quién los ordenó" y por qué algunos casos permanecen impunes.
González estuvo preso durante 15 meses acusado de ser miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero hoy negó esos cargos y haber ayudado a reclutar a estudiantes universitarios para el grupo rebelde.
"Me acusan de ser comandante de las FARC... de 'comprar' a fiscales y jueces para que no procesen a guerrilleros capturados, de prestar auxilio jurídico y económico a los guerrilleros", precisó González, quien defendió la labor que realiza para la CSPP.
Una de las labores de la CSPP es precisamente visitar a los detenidos en las cárceles para asegurar "el respeto a sus derechos humanos, al debido proceso y a su integridad física", explicó.
Por otra parte, remachó que pese a la desmovilización de "paras" -que destaca con frecuencia Colombia ante EE.UU.- "los paramilitares siguen actuando, siguen desplazando a campesinos y amenazando a la población civil y siguen atacando a defensores de los DD.HH.".
González afronta siete años de prisión si fracasa su apelación ante el Tribunal Supremo de Colombia contra el proceso "sin fundamento" que lo declaró culpable de rebelión.
Según señaló en su página de internet la ONG Human Rights First, el caso de González figuró en el informe anual de derechos humanos de 2007 del Departamento de Estado de EE.UU. como ejemplo del intento del Gobierno colombiano "de hostigar a los defensores de derechos humanos".
La Relatora Especial sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos de la ONU denunció recientemente el problema de los procesos penales infundados contra activistas colombianos.
En ese sentido, los testimonios de González y Sekaggya podrían demostrar la precariedad de la situación de derechos humanos en Colombia, si bien el Gobierno de Bogotá insiste en que ha habido mejoras.
González recibirá este jueves el prestigioso premio de derechos humanos del 2009 del grupo Human Rights First, durante una ceremonia de gala en Nueva York.
Hasta hace unos días su participación en la ceremonia estaba en duda debido a algunas demoras burocráticas en la emisión de su visa para viajar a EE.UU.
"Para mí, el premio es un honor y es un mensaje al Estado colombiano y a la comunidad internacional de la legitimidad de mi trabajo y de la legitimidad del Comité de Solidaridad", afirmó González.
"Es también un mensaje del Gobierno de EE.UU. al concederme la visa para venir a pesar de mi situación jurídica... el trabajo de los derechos humanos merece protección especial en Colombia: es legítimo, es legal y no podemos seguir siendo perseguidos sólo por defender y fortalecer la democracia", puntualizó el activista.
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