Naciones Unidas.- La ministra española de Igualdad, Bibiana Aído, explicó hoy al Comité de la ONU para la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres (CEDAW), las medidas tomadas por España de 2004 a 2008 para luchar contra ese problema.
Aído, que subrayó que la violencia contra las mujeres en el mundo "sigue siendo una realidad intolerable", repasó ante ese comité de Naciones Unidas los aspectos fundamentales de los avances incorporados en los últimos cinco años a la legislación española.
El Comité de la ONU para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer somete a revisión, hasta el 7 de agosto próximo, los avances registrados en esa materia en once países, entre ellos España.
Durante sus sesiones cada uno de esos países (Azerbaiyán, Bután, Dinamarca, Guinea Bissau, España, Laos, Japón, Liberia, Suiza, Timor Oriental y Tuvalu) presenta el informe de su respectivo gobierno, al que se añaden los comentarios de ONG especializadas en ese área.
La ministra explicó al CEDAW que la primera ley aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en su primer mandato fue la Ley Integral contra la violencia de género que entró en vigor en 2005.
"El objetivo de la ley es prevenir, proteger y asistir adecuadamente a las víctimas, sancionar a los agresores y como meta final, erradicar la violencia de genero", dijo Aído, que también se refirió a aspectos novedosos de esa legislación como el tratamiento judicial integral que conlleva o la creación de juzgados especializados contra la violencia machista, que a finales de 2009 serán 469.
Asimismo explicó que desde la entrada en vigor de esa ley, en 2005, el Gobierno español ha invertido más de 1.000 millones de euros en medidas destinadas a la lucha contra la violencia machista.
Aído señaló que aunque "cada vez se ponen en marcha más medidas y recursos, queda mucho trabajo pendiente hasta conseguir erradicar el maltrato a las mujeres".
Entre esas medidas por realizar, la ministra española de Igualdad se refirió a la necesidad de "intensificar aún más la formación específica a los profesionales de toda índole que atienden a las mujeres, especialmente de jueces y juezas".
"Tenemos que conseguir una mayor concienciación e implicación social", agregó.
La ministra española se refirió también a la Ley de Igualdad efectiva, que prevé la coordinación con organizaciones de mujeres y sociedad civil, y cuya evaluación de dos años presentará el Gobierno español ante el Parlamento en marzo de 2010.
Igualmente se refirió a los planes del Gobierno español ya aprobados, como el de Derechos Humanos (2008), el Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2007) y el integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en vigor desde principios de año.
Aído dijo que el aumento del porcentaje de mujeres contratadas es progresivo desde 2005 y que la tasa de actividad femenina en España es superior al 50%, siendo objetivo de las autoridades de Madrid superar el 60% establecido en las últimas decisiones de la Unión Europea (UE).
En el ámbito internacional, indicó que la presidencia española de la UE (que comenzará el primero de enero de 2010 durante seis meses) hará "de la igualdad, uno de los ejes centrales" de su programa.
En paralelo a la presentación del ministerio de Igualdad, la ONG "Plataforma Impacto de Género YA" presentó el suyo, en el que señala que en los últimos años las mujeres en España han tenido mayor acceso a la formación y al empleo.
El 50% del alumnado universitario siguen siendo mujeres, un grupo de población con 9 millones que han entrado al mercado laboral entre 1983 y 2008, precisa la ONG.
Agrega el documento que aunque también se han creado marcos legales que buscan la igualdad, "persisten los estereotipos de género y la discriminación que se derivan de ellos en todas las facetas de la vida".
Esta ONG señala en su informe al Comité de la ONU que "no obstante, estos avances legislativos no se materializan en avances reales hacia la igualdad".
Considera también que "la implementación de las normas no siempre es la adecuada y su dotación presupuestaria es escasa", además de subrayar que planes de igualdad de oportunidades "no han recibido la atención ni el respaldo financiero adecuados".
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