Naciones Unidas.- El fiscal del Tribunal Especial para Sierra Leona (TESL), Stephen Rapp, pidió hoy a la comunidad internacional que muestre respeto para el trabajo de esta instancia ayudándola a superar los problemas financieros que atraviesa.
"Creo que tenemos derecho a que se nos respete", dijo Rapp en una conferencia de prensa con motivo de su comparecencia el jueves ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Rapp y la presidente del TESL, la jueza austríaca Renate Winter, advirtieron al máximo órgano de que el tribunal que juzga en La Haya al ex presidente de Liberia Charles Taylor, podría quedarse sin fondos en agosto si no recibe nuevas aportaciones económicas.
El TESL necesitaría una infusión de contribuciones de unos 30 millones de dólares para completar su mandato en 2011, indicaron.
Alemania ha prometido contribuir en las próximas semanas con unos 2 millones de dólares y Bélgica con otros 420.000 dólares, lo que cubre los gastos de un mes, señaló el fiscal en el encuentro de hoy con la prensa.
"Eso quiere decir que en septiembre tendremos grandes problemas de liquidez", resaltó.
El jurista estadounidense pidió un mayor apoyo para las labores del tribunal que juzga desde hace seis años los crímenes cometidos durante la sangrienta guerra civil de Sierra Leona, en la que murieron más de 50.000 personas.
"Hemos sido un modelo de justicia internacional, trabajando con mayor eficacia y menos recursos que otras instancias", apuntó.
Taylor, primer líder africano juzgado en un tribunal internacional, está imputado por el TESL desde junio de 2003 y tres años más tarde se le detuvo y fue trasladado a La Haya para la celebración de su juicio.
Este cambio de localización se debió a razones de seguridad y al temor de que su proceso desestabilizase la zona.
El juicio, cuyo veredicto podría conocerse en 2010, comenzó en junio de 2007 y hasta el momento han declarado 91 testigos por parte de la Fiscalía.
El proceso contra el ex mandatario liberiano es el último de los 13 casos que han pasado por las salas del TESL desde su creación hace seis años, para juzgar los crímenes cometidos durante la sangrienta guerra civil de Sierra Leona, en la que murieron más de 50.000 personas.
Dos de los imputados murieron mientras esperaban la celebración del juicio, otro falleció en Liberia antes de que se le capturara y un cuarto está en paradero desconocido.
El resto han sido juzgados y se espera que en octubre concluya el proceso de apelación de los últimos casos juzgados en Freetown.
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