El ex presidente liberiano Charles Taylor está siendo juzgado en La Haya por crímenes de guerra y lesa humanidad. Probablemente será declarado culpable y es posible que se pudra el resto de su vida en una prisión británica como le ocurrirá al ruandés Tharcisse Renazo, ex gobernador de Kigali, condenado hace unos días por un tribunal de la ONU a cadena perpetua por ordenar el asesinato de 60 niños tutsis en 1994 durante el genocidio ruandés.
Es lo que se merecen los criminales de guerra como Taylor y Renazo. Hasta aquí todos estamos de acuerdo. Nos sentimos aliviados al saber que asesinos y genocidas compulsivos como ellos no se volverán a pasear libremente. Nos maravillamos de los valores de la justicia universal. Valoramos el esfuerzo de los organismos internacionales por aclarar las responsabilidades de quienes ordenaron el genocidio de 800.000 tutsis y hutus moderados o el secuestro de miles de criaturas de la escuela primaria sierraleonesa para reconvertirlos en soldados.
Pero ninguna de estas cortes internacionales (incluida la de la antigua Yugoslavia) se ha atrevido a juzgar a los responsables extranjeros que se enriquecieron durante el desarrollo de todos estos conflictos armados. Negociar la muerte en Sierra Leona, Ruanda o antigua Yugoslavia ha salido gratis para muchos gobiernos y empresas.
Centrémonos en Sierra Leona y busquemos las reflexiones del misionero español Chema Caballero, especialista en la rehabilitación de niños soldados sierraleoneses. Quizá así entendamos mejor qué ocurre en la trastienda de ese conflicto y de otros africanos.
"Si la pobreza y la marginación de muchos jóvenes estuvieron en la génesis del conflicto, fueron la lucha por controlar los diamantes y la venta de armas, cada vez más ligeras para que pudiesen ser manejadas por combatientes infantiles, los que provocaron y mantuvieron viva la guerra durante más de una década. Fue el egoísmo y la avaricia de los países ricos del norte los que hicieron posible la etiquetada como una de las guerras más crueles del siglo veinte", escribió en el prólogo de mi libro Sierra Leona, Guerra y Paz.
Para Chema Caballero el conflicto de Sierra Leona "formó parte de la gran partida de ajedrez que las grandes potencias mundiales (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, algunos países islámicos...) están jugando en África desde hace décadas con el objetivo de controlar sus recursos naturales" y estuvo vinculado a otros conflictos africanos como los de Liberia, República Democrática del Congo, Ruanda, Burundi, Sudán, Costa de Marfil, Guinea Conakry, Chad, etc.
El resultado final después de once años de violencia y barbarie fue un país arrasado por el saqueo, la destrucción de infraestructuras, hospitales y escuelas mientras, como escribía el misionero, "los diamantes, manchados con la sangre de tantos inocentes, aparecían de forma ilegal en los mercados de Amberes, Rótterdam, Jerusalén, Kiev, Londres, Zurich o Nueva York para terminar adornando el cuerpo de nuestros seres más queridos".
Sierra Leona fue durante 14 años consecutivos el país más pobre del mundo, según indicadores de desarrollo humano de la ONU. Más de la mitad de los cinco millones de sierraleoneses se convirtió en desplazados o refugiados. Hubo decenas de miles de muertos y amputados mientras miles de niños y niñas fueron secuestrados y utilizados como soldados o esclavas sexuales.
Después de que Chema Caballero prestase testimonio como testigo de cargo contra Taylor en La Haya le pregunté si el juicio aclararía las implicaciones occidentales en la venta de armas y el tráfico de diamantes. Me contestó que el Tribunal Especial para Sierra Leona no ha querido en ningún momento entrar a fondo en ese tema. "Estadistas como el coronel libio Muammar El Gadafi o responsables de algunas empresas o Gobiernos de países occidentales deberían haberse sentado en el banquillo de los acusados. Pero sólo se han atrevido con personajes como Taylor", me dijo después de definir esta actitud como hipócrita.
¿Quiénes deberían ser juzgados en La Haya a parte de Taylor? Chema Caballero fue claro y contundente: "Deberían ser juzgados los líderes occidentales que han permitido el tráfico de armas o de diamantes. Sabemos que España ha vendido y sigue vendiendo armas y municiones a países del África subsahariana donde hay conflictos armados o no se respetan los derechos humanos. ¿Quién gobernaba en España entre 1991 y 2002 (años de la guerra sierraleonesa) cuando armas y municiones españolas se utilizaron en Sierra Leona? ¿Felipe González? ¿José María Aznar?"
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