Veintidós personas fueron condenadas a prisión por delitos de seguridad en 2008

Valencia.-  Veintidós personas fueron condenadas a penas de prisión por delitos contra la seguridad laboral en 2008, año en que se dictaron 25 sentencias en esta materia, según la memoria de la Fiscalía de Siniestralidad Laboral correspondiente al año pasado.

El fiscal coordinador en esta materia, Jaime Gil, ha presentado hoy los datos de la memoria junto a la fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Valencia, Teresa Gisbert, tras reunirse con representantes de UGT-PV y CCOO-PV en la comisión de seguimiento del convenio de colaboración en siniestralidad que mantienen desde el año 2006.

El fiscal ha señalado que la cifra de 22 condenados a penas de prisión por delitos de incumplimiento de la seguridad laboral "dista mucho de las pocas condenas de hace años".

De las 25 sentencias dictadas -frente a las 30 del año anterior y las 29 de 2006-, cuatro fueron absolutorias.

La memoria señala que en el sector de la construcción se produjeron 11 muertes en 2008, las mismas que en 2007, un dato "poco esperanzador" puesto que el año pasado la actividad del sector fue menor.

Esos fallecimientos se produjeron en accidentes laborales ocurridos en Torrent, Benigánim, Oliva, Valencia y en las obras de construcción del nuevo Mestalla, donde murieron cuatro trabajadores.

En la provincia de Alicante fueron 14 los trabajadores muertos en este sector, y en Castellón fueron 3.

Jaime Gil asegura en la memoria que el acceso al sector en los últimos años de empresarios "ávidos de beneficios económicos rápidos y elevados" arrinconó en muchas ocasiones "la seguridad, la prevención, la formación del trabajador a ámbitos formales, en el mejor de los casos, y al trabajo precario y la puesta en peligro del trabajador, en el peor".

La Fiscalía recibió 186 actas de infracción, diez más que en 2007, de las que 171 se archivaron, trece terminaron con denuncia o querella y dos están en investigación.

Los fiscales de Valencia realizaron 59 escritos de calificación, frente a los 43 de 2007 y los 33 de 2006, lo que supone "doblar" el número y "una consolidación" de la Sección de Siniestralidad Laboral.

Los sindicatos han coincidido en la necesidad de que las Administraciones se impliquen en esta materia y han acusado a la Generalitat de "falta de voluntad política" para elaborar un protocolo de actuación en casos de siniestros graves y mortales, según el secretario de Salud Laboral de UGT-PV, Carlos Calero.

"La Comunidad Valenciana debe avanzar como otras, incorporando -al acuerdo de colaboración en esta materia- al resto de instituciones laborales", como son la Inspección de Trabajo, la Administración valenciana y el Colegio de Abogados, algo que en otras comunidades autónomas ya existe, según ha dicho Calero.

El secretario general de CCOO-PV, Francisco Molina, ha manifestado que ese acuerdo debería tomarse en el marco del diálogo social, que es el Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo (PAVACE).

Además, han reclamado un compromiso de las Administraciones para que aumente el reconocimiento de las enfermedades profesionales y, en concreto, que se garantice la práctica del diagnóstico de sospecha por parte de los médicos de atención primaria o especializada.

Según el secretario de Salud Laboral de CCOO-PV, Juan Martínez, el no reconocer una enfermedad profesional conlleva que no se compensen los daños y que no se intervenga en los centros de trabajo para prevenir el avance de las enfermedades.

Los representantes de ambos sindicatos han elogiado el "esfuerzo personal" de los fiscales de siniestralidad laboral que además se desarrolla "con escasos medios", mientras que la fiscal jefa de la Fiscalía de Valencia ha destacado que se trata de "un plus que no tiene beneficios, aunque sí satisfacción moral" y que se lleva a cabo con "escasez" de funcionarios adscritos.