Santander.- El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha dicho hoy que confía en que a finales de año estén listas las conclusiones de la comisión parlamentaria que estudia la revisión del Pacto de Toledo.
Corbacho se ha mostrado partidario de consensuar una reforma "a largo plazo" para anticiparse a los cambios.
Durante su intervención en el seminario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo "El impacto de la crisis en el sistema de protección social", Corbacho ha apostado por la reforma del sistema.
También ha defendido su vialidad frente "a las dudas y afirmaciones a veces poco meditadas y a veces interesadas" que se han planteado en los últimos meses, coincidiendo con la fase más aguda de la crisis.
El ministro ha reconocido que la caída de las afiliaciones y el aumento del paro está teniendo una incidencia negativa en los ingresos por cotizaciones, lo que "no pone en cuestión la sostenibilidad a largo plazo del sistema ni significa que el equilibrio financiero a corto plazo esté amenazado".
Ha defendido que la situación financiera de la Seguridad Social sigue siendo buena a pesar de la grave crisis económica, porque el buen estado de las cuentas antes de que estallara la crisis ha servido como colchón para amortiguar sus efectos.
En 2008 hubo un superávit de 14.000 millones de euros, mientras que para 2009 está previsto se sitúe en torno al 0,3 por ciento del PIB, equivalente a unos 3.000 millones de euros.
El ministro ha dicho que este resultado es "muy positivo en las actuales circunstancias", consecuencia de las medidas estructurales adoptadas en los últimos años, y ha opinado que, si el sistema incurriera en un déficit del 0,1 por ciento del PIB, no estaría en una situación de "riesgo".
El Fondo de Reserva acumula cerca de 58.600 millones de euros, lo que equivale al 5,35 por ciento del PIB, a lo que se suma el esfuerzo de amortización realizado en la pasada legislatura, que ha permitido que la Seguridad Social no tenga ningún crédito pendiente.
El ministro ha dicho, además, que la crisis no ha tenido "ninguna incidencia" en el número de pensiones por jubilación, que se ha estabilizado, al tiempo que se mantiene el progresivo retraso en la edad de jubilación y se reduce el gasto en prestaciones por incapacidad y las prejubilaciones.
Corbacho ha afirmado, no obstante, que aunque los datos acreditan la salud del sistema, no se debe ocultar la necesidad de acometer reformas a largo plazo para adoptarlo a los cambios demográficos, económicos y sociales que se van a ir produciendo.
El ministro ha citado como principal reto a largo plazo el envejecimiento de la población y ha defendido una reforma consensuada política y socialmente en el marco del Pacto de Toledo que permita adelantarse a las posibles contingencias que se produzcan a largo plazo.
Al mismo tiempo, ha apostado por impulsar las políticas de apoyo a la natalidad y a la familia, aumentar la población activa y reforzar los incentivos para prolongar la vida laboral activa y acercar la edad de jubilación efectiva a los 65 años, frente a los 63 y diez meses en los que se sitúa ahora, de media.
Corbacho ha subrayado, a continuación, que él no está a favor de la cultura de las prejubilaciones y las jubilaciones anticipadas, porque le parece que es "un derroche de energía y sabiduría tirar por la borda el capital humano y el conocimiento que se acumula a los 50 años".
El ministro ha opinado que una sociedad que planifica su futuro sobre las espaldas de una generación de entre 30 y 50 años "está más cerca del fracaso que del éxito", por lo que las jubilaciones anticipadas y las prejubilaciones "deben ser utilizadas como elemento excepcional y no como regla general".
Para el ministro, es más razonable trabajar para acercarse a la edad legal de jubilación, los 65 años, antes de abrir el debate sobre prolongar la edad laboral a los 70.
A su juicio, sería "razonable" incentivar cada vez más la permanencia activa voluntaria en el trabajo por encima de la edad legal.
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