Hace algo más de un mes que se inició el debate sobre el futuro del sistema de pensiones y el tema aún sigue coleando. El último en hablar de ello ha sido el ex presidente del Gobierno José María Aznar, quién ayer auguró la quiebra del sistema si seguía creciendo el paro. ¿Es eso verdad?, ¿qué debemos hacer entonces? Rebobinamos y te contamos algunas cosas que debes saber sobre el presente y futuro de nuestras pensiones.
El gobernador del Banco de España se ganó hace un mes la enemistad (al menos pública) de los sindicatos y el ministro de Trabajo. Miguel Ángel Fernández Ordoñez llegó a la comisión sobre el pacto de Toledo y expuso las políticas que se están tomando en otros países, entre las que se contemplaba retrasar la edad de jubilación para evitar que el sistema de la Seguridad Social incurriera en déficit, y el titular del ramo le acusó de mentir. A partir de ahí se abrió la veda. La oposición criticó al Ejecutivo por desautorizar a un experto y comenzó a augurar el fin de nuestras pensiones. Por su parte el Gobierno llamó a la calma y acusó al PP de preocupar a nuestros pensionistas.
La evolución demográfica es la clave del sistema de pensiones. Las previsiones de los diferentes organismos y economistas no son del todo iguales pero barajan cifras muy similares. En España, según las últimas estimaciones de Eurostat publicadas en año pasado, en el año 2060 la población será —si se cumplen las hipótesis— de 52 millones de personas.
Con esta evolución de la población, la tasa de dependencia —el porcentaje de personas mayores de 65 años sobre la población en edad de trabajar— aumenta. Según estas proyecciones se pasaría del 25% en 2008 (cuatro trabajadores pagarán la pensión de un jubilado), al 53% (dos trabajadores pagarán la pensión de un jubilado).
El problema del sistema público de pensiones está asociado principalmente con el envejecimiento de la población a largo plazo. Cuando viene una crisis económica como la actual se tiende a pensar que el desempleo va a acabar con el sistema de pensiones porque hay menos gente cotizando a la Seguridad Social (y por tanto la tasa de dependencia varía), pero ese no es un escenario razonable según los economistas. Eso sí, si la crisis se alarga más de lo previsto y el desempleo sigue al alza tendremos un serio problema.
El Pacto de Toledo comenzó a idearse en 1993 para evitar que la Seguridad Social, y en concreto el sistema de pensiones, se convirtiera en un arma arrojadiza por parte de los partidos políticos. En 1995 se selló el acuerdo entre todos los grupos parlamentarios en el que se establecía que la Seguridad Social —que se nutre de las cotizaciones de los trabajadores— sólo financiaría las pensiones de los mayores. En la actualidad aún no se ha conseguido por completo este fin.
En la nómina mensual bruta aparece una partida dentro de las cotizaciones que aparece como contingencias comunes. Ese dinero es el que se utiliza para pagar las pensiones actuales, además de las bajas laborales y los complementos a mínimos para aquellas personas que no hayan cotizado lo suficiente a la Seguridad Social como para cobrar la pensión mínima (9.709 euros anuales en 2009). Este tipo de cotización supone el 28% del salario entre el trabajador y el empresario. Para aliviar el sistema de pensiones se tiene planeado eliminar los complementos a mínimos de estas cotizaciones para que se pase a pagar por la vía de los impuestos como ya se hizo en 1996 con la sanidad. Las pensiones absorben la gran mayoría del dinero destinado a las contingencias comunes.
Uno de los puntos fuertes del pacto de Toledo fue la creación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que trasladado a la economía doméstica viene a ser esa 'huchita' con forma de cerdo que todos hemos tenido alguna vez. El fondo (que se alimenta del superávit de la Seguridad Social) nació con la idea de paliar el problema estructural español del envejecimiento de la población que se haría evidente pasado el 2050. Ahora la hucha está muy llena ( 57.233 millones de euros) porque nunca la hemos tocado, ya que desde que se creó el pacto de Toledo siempre ha estado en superávit el sistema. La previsión que se maneja desde Trabajo es que no se va a tocar la hucha hasta el 2023. En el caso improbable —casi imposible— de que todos los españoles dejáramos de trabajar, dicho fondo se agotaría en 11 meses.
Algunos expertos optan por considerar la inmigración un alivio "importantísimo" pero no un remedio al problema del envejecimiento español. Esta opinión se basa en que la fecundidad de los inmigrantes es mayor en principio que la de los nativos aunque todo indica que se va aproximando al nivel de la sociedad receptora. Los inmigrantes también envejecen y terminarán percibiendo las mismas pensiones públicas que los demás españoles. "Si consideramos que los inmigrantes que hasta el presente han llegado a España suelen ocupar puestos de trabajo despreciados por los nativos y a menudo trabajan al margen de la legalidad vigente, su contribución a los sistemas de pensiones se reduce", explica César Molinas en un estudio.
Desde que se inició la ronda de comparecencias en la comisión del pacto de Toledo se han apuntado soluciones de lo más variado para evitar el colapso en el sistema de pensiones. Se ha hablado de retrasar la edad de jubilación, de ampliar los años de cotización sobre los que se calcula la pensión, de no permitir las prejubilaciones, de que las mujeres coticen 2 años a la Seguridad Social por cada hijo que tengan o de impulsar políticas de natalidad. En lo que coinciden la mayoría (menos el Gobierno) es que las reformas se tienen que acometer ya.
Si dejamos de lado los alarmismos de los partidos políticos y hacemos caso a los expertos no tenemos de qué preocuparnos. Eso sí, los mismos que han contestado esto tienen por seguro que "en un periodo razonable de tiempo" se van a acometer reformas del estilo de alargar la vida laboral y dan por supuesto que la crisis no se alargará eternamente.
Ya está claro que no nos vamos a quedar sin dinero con el que irnos a la costa Blanca, costa del Sol o donde buenamente queramos. Ahora, falta saber qué nos recomiendan hacer. Jaime Requeijo González, catedrático de economía y ex consejero del Banco de España, lo tiene claro: "lo mejor es complementar la pensión pública con un plan privado para estar más tranquilos".
Esta realidad se apunta a diferentes hipótesis tal y como nos explica un analista: porque los planes de pensiones son ilíquidos (no puedes sacar el dinero hasta que te jubilas) o porque la fiscalidad cambia con cada reforma fiscal (ahora el plan de pensiones desgrava en Hacienda) y eso crea inseguridad cuando es un producto a muy largo plazo. Otras posibilidades son la poca cultura que hay en España de optar por un plan privado,
Dicen los expertos que el primer euro que se gana debería ir destinado a ahorrar para la jubilación. Pero que nadie se llame a engaño. La mayoría del dinero que veas en tu plan una vez te jubiles será el que has ido ingresando mes a mes. Sólo una pequeña parte tendrá que ver con la rentabilidad del plan.
La clave reside en la edad del trabajador. Cuanto más joven se es, más riesgo se puede asumir, lo que significa que es aconsejable invertir en carteras de renta variable, porque históricamente han demostrado que superan en rentabilidad a los más conservadores, como los de renta fija. A medida que avanza la edad, se deberá ir rotando la cartera hacia productos más conservadores, de renta fija, que son más estables y permiten ir consolidando lo ganado durante años de inversión en Bolsa.
Otro de los grandes temas de debate ha sido la edad de jubilación. Resulta paradójico que en unos años en los que las prejubilaciones han estado a la orden del día —en Telefónica, RTVE, Altadis o Iberia, por ejemplo— se nos esté alentando a retrasar el momento de jubilarse. Pero es que aunque la edad legal de jubilación es de 65 años, ésta es distinta de la edad 'real' de jubilación que se sitúa en los 62 años debido a las mencionadas prejubiliaciones y el aumento incesante del paro. Lo lógico es que la edad real se vaya acercando poco a poco a la edad legal de jubilación, pero para eso, según reconocen los expertos es ir aumentando también la edad legal. En el caso de la gente de 25 años, según Requeijo González, lo harán a los 70.
*Este artículo se ha realizado basándose en las intervenciones de políticos, sindicatos, economistas y otros expertos que han pasado por la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del pacto de Toledo. La mayoría de sus discursos se pueden consultar en la web del Congreso de los Diputados. Además se ha vuelto a contactar con alguno de ellos y otros expertos para ampliar la información.
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