Lima.- La Defensoría del Pueblo de Perú informó hoy que 1.244 nativos retornaron a sus comunidades tras los violentos disturbios en la Amazonía, que se saldaron el 5 de junio con 34 muertos, con lo que descarta que haya desaparecidos.
Ante las denuncias sobre presuntas desapariciones de nativos, representantes de la Defensoría del Pueblo visitaron 39 comunidades indígenas de la Amazonía, donde se reportaron "el retorno de todos los nativos, con excepción de las personas que permanecen hospitalizadas y detenidas", según un comunicado de este organismo.
Los hechos violentos se produjeron el 5 de junio pasado durante el despeje de una carretera en la provincia selvática de Bagua bloqueada por miles de nativos y la toma de una estación petrolera en rechazo a varios decretos que consideraban violatorios de sus derechos.
Según versiones que circularon en los primeros días tras los enfrentamientos, un número indeterminado de nativos murió durante esos enfrentamientos en Bagua, y fueron supuestamente enterrados en fosas comunes o arrojados al río de la zona por las fuerzas del orden, pero nunca se encontraron pruebas de esas denuncias.
La Defensoría del Pueblo pidió entonces esperar al retorno de los nativos a sus comunidades, ya que aseguraba que muchos de los manifestantes permanecían escondidos en las cercanías.
Las denuncias sobre las presuntas desapariciones, que el Gobierno peruano negó, llevó a varias organizaciones internacionales a pedir su investigación.
Dichas denuncias encontraron amplio eco en la prensa internacional, pero esas versiones se fueron diluyendo a medida que los nativos retornaban a sus comunidades.
Para la Defensoría del Pueblo, solo hay un desaparecido, el mayor Felipe Bazán Soles, que se cuenta entre los 24 policías muertos en los choques registrados en Bagua.
Ninguna de las organizaciones que investigaron en la zona, entre ellas la Iglesia, la principal asociación indígena amazónica AIDESEP y algunas ONGs, consiguió, por su parte, documentar casos concretos de desaparecidos.
El informe de la Defensoría agrega que 200 personas resultaron heridas en los disturbios del 5 de junio y otras 83 fueron detenidas, de las cuales 18 de ellas se encuentran en un centro penitenciario de la ciudad de Chachapoyas.
Tras los incidentes violentos del 5 de junio, el Ejecutivo dio marcha atrás, retomó el diálogo y logró que el Congreso derogara dos de las leyes cuestionadas por los indígenas, a la vez que el primer ministro peruano iniciaba conversaciones no solo con los nativos, sino con otros colectivos sociales que protestaban en todo el país.
El Gobierno peruano se ha quejado de la existencia de una "campaña internacional" de desprestigio a través de la publicación de informaciones en todo el mundo en las que se daba cuenta precisamente de un genocidio de indígenas y de desapariciones masivas.
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