Washington.- Un juez federal revocó hoy la libertad condicional otorgada al financiero Allen Stanford, acusado de estafar a inversores por más de 7.000 millones de dólares.
El dictamen del juez David Hittner emitido en Houston (Texas) fue anunciado después de que los fiscales señalaron que Stanford, quien podría ser condenado a cadena perpetua si es declarado culpable, cuenta con los medios y motivos para huir del país.
"La corte determina que existe el peligro de que Stanford huya y no hay condiciones o una combinación de condiciones... que pudieran asegurar su comparecencia a juicio", señaló el dictamen.
La orden de Hittner significó la revocación de la libertad bajo una fianza de 500.000 dólares que había sido otorgada a Stanford la semana pasada.
El comienzo del juicio se ha previsto en principio para el 25 de agosto, pero esa fecha podría modificarse, dijeron fuentes judiciales.
Dick DeGuerin, que dirige el grupo de abogados encargado de la defensa del financiero, señaló que recurrirá la decisión ante un tribunal local de apelaciones.
Según aseguró DeGuerin la semana pasada, Stanford es inocente de todos los cargos que se le imputan en EE.UU. y el empresario confía en que el jurado de un eventual juicio le absolverá.
En 25 cargos, el Gobierno de EE.UU. ha acusado a Stanford de poner en marcha una operación con la que despojó a centenares de inversores de certificados de depósito emitidos por su banco Stanford International Bank (SIBL), con oficinas en la isla caribeña de Antigua.
Según el Departamento de Justicia, Stanford trató de eludir la acusación mediante la creación de cuentas falsas, mintió a los inversionistas y sobornó a una autoridad regulatoria de Antigua.
La Fiscalía también acusa a Leroy King, ex administrador y director general de la Comisión Reguladora para Servicios Financieros en Antigua, de conspirar para obstruir la investigación de la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC, por su sigla en inglés).
Stanford, según la acusación, pagó más de 100.000 dólares a King para asegurarse de que su banco no fuera auditado correctamente o verificado el valor de los activos que figuraba en los extractos financieros.
De momento, el Gobierno ha logrado recuperar 300 millones de dólares del fraude mediante la confiscación de bienes.
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