Brasilia.- El Gobierno brasileño anunció hoy un acuerdo con empresarios del sector azucarero para dignificar las condiciones de trabajo en los cañaverales del país, que han sido denunciadas por diversos organismos de derechos humanos.
"Esto ayudará a reducir las críticas al etanol brasileño", dijo el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en alusión a los reparos puestos por algunos países europeos en relación a los biocombustibles que se producen en el país en base a la caña de azúcar.
Durante un acto encabezado por Lula, miembros del Gobierno y representantes de las empresas firmaron un documento en el cual se establecen distintos acuerdos en favor de los trabajadores del sector, que en ciertas zonas del país reciben 1,2 dólares por hora por derrumbar, deshojar y apilar 12 toneladas de caña durante una jornada.
El documento, sin embargo, no tiene carácter vinculante y supone sólo un "compromiso" de las empresas, que se declaran dispuestas a dignificar la situación de sus trabajadores, mientras que el Gobierno se compromete a mejorar la fiscalización en todos los cañaverales del país.
En el pacto no se establecen pisos salariales ni obligaciones formales de ningún tipo, pero ha sido respaldado por 303 de las 403 empresas del sector que operan en el país, según el secretario general de la Presidencia, Luiz Dulci.
El presidente de la Unión de la Industria de la Caña de Azúcar (Unica), Marcos Jank, indicó que el acuerdo también incluye el compromiso de las empresas a "colaborar" en la formación técnica de miles de "cañeros" que, en los últimos años, han perdido sus empleos debido al proceso de mecanización iniciado en el corte de caña.
Asimismo, se establecen normas de seguridad e higiene, así como otras para garantizar la salud de los trabajadores, que en las empresas que no han mecanizado el corte están expuestos a los gases emitidos por la quema del follaje, inevitable en los casos en que la cosecha es manual.
Las condiciones de trabajo en los cañaverales de Brasil fueron condenadas el año pasado en un informe difundido por Amnistía Internacional, que las calificó de "degradantes" y pidió medidas urgentes para mejorar la situación de los cortadores.
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