El Justicia alerta que "conseguir cosas" en Aragón cuesta más que en otras CCAA

Zaragoza.-  El justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha alertado hoy de que "conseguir cosas" en esta Comunidad Autónoma cuesta el doble o el triple que en otras, una situación que a su juicio "no puede ser" y "no se puede aceptar".

Así lo ha indicado el justicia durante su comparecencia en el pleno de las Cortes de Aragón para presentar el informe anual de la institución correspondiente a 2008, un periodo en el que recibió más de 2.000 quejas, formuló 270 resoluciones dirigidas a las distintas administraciones y contribuyó a resolver los problemas de los ciudadanos en 1.298 expedientes.

El Justicia ha explicado que es una "percepción generalizada" entre la población el hecho de que en Aragón "conseguir cosas" cuesta el doble o el triple que otras comunidades autónomas, y ha citado como ejemplo los bienes de la franja, las cercanías, el servicio del AVE o el agua.

"No hay derecho", "Aragón no puede aceptar ser ni más ni menos" que otras comunidades por el simple hecho de que hay menos votos que en otros lugares, ha recalcado García Vicente, quien ha reconocido, no obstante, "que el Gobierno (de Marcelino Iglesias) hace lo que puede".

Durante su comparecencia, ha asegurado que las quejas de los ciudadanos relacionadas con la vivienda se han duplicado en lo que va de año como consecuencia de la crisis, una situación que también ha generado un aumento "considerable" de la pobreza en la Comunidad, y por ello ha recomendado al Ejecutivo que no se demore a la hora de dar ayudas a instituciones que prestan una especial atención a personas en riesgo de exclusión social o en una "situación límite".

En este sentido, ha considerado urgente que se agilice la puesta en marcha de la asistencia social a personas dependientes, sobre todo la asistencia domiciliaria, flexibilizar el acceso a viviendas de protección oficial, incrementar el personal sanitario, ya que "los médicos son insuficientes en Aragón" o trabajar contra la mendicidad infantil.

García Vicente también ha opinado que es necesario reformar la Ley del Justicia, ya que hay que conseguir que a esta situación se le conteste más y hacer que sus resoluciones tengan más valor.

De las quejas tramitadas en 2008, por materias, el mayor número de expedientes tramitados correspondió a Educación, con 212 quejas, relacionadas fundamentalmente con el proceso de admisión de alumnos, con la carencia de plazas públicas de guardería, con las ayudas de comedor y con las rutas de transporte escolar.

Sobre Sanidad se recibieron 174, relacionadas con las listas de espera, la asistencia social alternativa para mayores, o la carencia de especialistas en el medio rural, y otras 160 sobre Interior, relativas a la seguridad vial y ciudadana, fundamentalmente, aunque éstas últimas se han reducido con respecto al año pasado.

Las 117 quejas sobre asuntos relacionados con los servicios públicos se refieren en un 17 por ciento al servicio del AVE, el 26% están relacionadas con la telefonía móvil y se están incrementando las que tienen que ver con la limpieza de zonas públicas.

Carmen Pobo, del PP, ha felicitado al Justicia por un informe "minucioso, riguroso y estricto" que "refleja la realidad de los aragoneses", y ha considerado que su actuación es una forma eficaz de solucionar los problemas de numerosos ciudadanos, quienes acuden a esta institución porque encuentran más apoyo que en otras instituciones y ha hecho hincapié en que al Gobierno de Aragón le queda mucho por hacer.

Por su parte, el diputado de CHA Bizén Fuster ha lamentado que el 40 por ciento de las quejas que presenta el Justicia se queden sin respuesta, una situación "inaceptable" a la que hay que buscar una solución, todavía más cuando se trata de una institución que refleja los problemas de los aragoneses.

Adolfo Barrena, de IU, ha insistido en que el informe es una "herramienta importante" para el trabajo de los diputados, y ha hecho hincapié en que a su grupo una de las cuestiones que más le preocupa es la participación ciudadana, ya que es un signo de la buena salud democrática.

Los diputados de los grupos que apoyan al Gobierno, Ana de Salas (PAR) y Ana Cristina Vera (PSOE) han coincidido en valorar muy positivamente el informe y han felicitado al justicia por su labor cercana a los ciudadanos, pero ambas han defendido la calidad de la sanidad en la Comunidad y el esfuerzo que hace el Gobierno por atender a la población dispersa de Aragón.