Washington.- Unos siete prisioneros han dejado Guantánamo esta semana, el mayor número desde que el presidente de EE.UU., Barack Obama, prometiera en enero cerrar el penal, pero allí aún quedan 232, entre ellos los casos más difíciles.
Estados Unidos ultima la transferencia de algunos más en los próximos días, según dijo a Efe una fuente gubernamental, que pidió no ser identificada.
Palaos ofreció acoger a los 13 musulmanes chinos de la etnia uigur que permanecen en Guantánamo y representantes de su Gobierno visitarán el penal en los próximos días.
"Finalmente hemos comenzado a ver avances. Esta ha sido una buena semana", dijo a Efe Ken Gude, un analista del Centro para el Progreso Estadounidense, un instituto vinculado a los demócratas.
Los traslados son el resultado de meses de difíciles negociaciones de Estados Unidos con decenas de países para que acepten a los detenidos, pero en realidad esos casos no son los más complicados.
Un tribunal federal ya determinó el año pasado que los 17 uigures que había entonces en Guantánamo -4 de los cuales fueron enviados a las islas Bermudas el jueves- no suponían un peligro para Estados Unidos y ordenó su liberación.
Presuntamente son miembros de un grupo separatista que China considera terrorista, pero no Estados Unidos.
La Administración de Obama primero pensó en asentarlos en Virginia, donde está la mayor comunidad de uigures de Estados Unidos, pero el rechazo de legisladores de ambos partidos a traer a detenidos a su territorio lo hizo cambiar de idea.
Tampoco puede enviarlos de vuelta a China, porque allí podrían sufrir torturas.
Una fuente gubernamental reveló que el Gobierno ha abandonado cualquier plan de liberar a un gran número de detenidos en el territorio de Estados Unidos y podría enviar tan solo a "algunos", según publicó hoy el diario The Washington Post. Gude cree que se trataría de unos cuatro.
Líderes de ambos partidos en el Congreso alcanzaron un acuerdo como parte de un proyecto de ley de financiación militar que prohibiría la liberación de detenidos en territorio estadounidense hasta el 30 de septiembre.
Permitiría, sin embargo, traerlos para ser enjuiciados en Estados Unidos. La Administración de Obama abrió ese camino esta semana con el traslado del primer detenido a suelo estadounidense: el tanzano Ahmed Khalfan Ghailani, a quien juzgará un tribunal civil de Nueva York.
El presunto guardaespaldas de Osama Bin Laden estaba acusado formalmente de terrorismo desde antes de que Guantánamo abriera sus puertas en 2002, por su supuesta participación en los atentados contra las embajadas estadounidenses en Tanzania y Kenia en 1998, en los que murieron 224 personas.
Cuatro de los presuntos cómplices de Ghailani cumplen cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad de Florence (Colorado).
"Este hombre debía haber sido llevado a un tribunal federal, enjuiciado y sentenciado hace mucho tiempo", dijo a Efe Stacy Sullivan, asesora de contra-terrorismo de la organización Human Rights Watch (HRW).
Los otros dos hombres liberados esta semana son el iraquí Jawad Jabber Sadkhan y el chadí Mohammed El Gharani, ambos pertenecientes a un grupo de por lo menos 50, que el Gobierno de Obama ha determinado que no suponen un peligro para la seguridad.
Los dos fueron enviados a sus países de origen en aviones privados contratados por el Pentágono, según dijo a Efe J.D. Gordon, un portavoz del departamento de Defensa.
En enero, un tribunal exoneró y ordenó la liberación de El Gharani, quien era aparentemente el prisionero más joven de Guantánamo, a donde llegó en 2002 cuando era menor de edad.
Tras las transferencias de esta semana quedan 232 prisioneros en Guantánamo, según Gordon.
Entre ellos hay casi 100 yemeníes y la Administración de Obama negocia el envío de una parte de ellos a Arabia Saudí para su internamiento en "centros de rehabilitación".
Al mismo tiempo, la Unión Europea y Estados Unidos llegaron hoy un acuerdo sobre el traslado de detenidos al viejo continente, por el cual Washington se compromete compartir información confidencial sobre sus casos.
El texto no incluye la expectativa de que Estados Unidos acoja a detenidos, que sí estaba en un borrador anterior, pero fuentes comunitarias indicaron que aún esperan que eso ocurra.
Por ahora, sin embargo, el Gobierno de Obama ha evitado entrar en ese campo minado.
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