Santiago de Compostela.- El BNG ha insistido en la legalidad de los contratos suscritos por cargos nacionalistas del anterior Gobierno con una empresa que, según el PP, es afín al Bloque, mientras emplazó a los populares a que vayan al juzgados si piensan lo contrario.
El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, y el PP denunciaron que la empresa Carrumeiro S.A., vinculada a cargos del Bloque, percibió alrededor de 900.000 euros en contratos menores y procedimientos negociados sin publicidad de consellerías en manos de los nacionalistas.
En nota de prensa, la secretaria de organización del Bloque, Montse Prado, lamenta la denuncia del PP, que considera una manera de echar "tinta de calamar" para desviar la atención sobre la "implicación del tesorero de Rajoy en el caso Gürtel".
Asegura, además, que su fuerza no tiene inconveniente en que se auditen la política de contratación del anterior Xunta, pero pide que investigue todo, incluida la era Fraga.
Ahora que se conoce, apunta Prado, que la Fiscalía anticorrupción ve indicios de delito en la actuación del tesorero del PP" esta fuerza "vuelve a la estrategia de la mentira y la difamación, con cortinas de humo que intentan desviar la atención sobre sus corruptelas".
Además, a juicio de la dirigente nacionalista, resulta "curioso" que estas acusaciones aparezcan justo cuando se conocen "los intereses empresariales del señor conselleiro de Economía en Portugal o poco después" de saberse la "implicación del superdelegado de la Xunta en Ourense en el presunto uso irregular de los fondos estructurales".
Prado, que recuerda que uno de los implicados en la trama Gürtel fue secretario de organización del PP gallego, insiste en que las acusaciones son "radicalmente falsas".
El PP "miente y sabe que miente", ante lo que el Bloque considera que estamos ante "un nuevo capítulo de la campaña de intoxicación" que los populares despliegan en los últimos meses contra el nacionalismo gallego.
"Ningún cargo del BNG en el Gobierno contrató absolutamente nada con ninguna empresa de la que fuese accionista", apunta el Bloque, que afirmó que todos los contratos suscritos por cargos nacionalistas "se atuvieron escrupulosamente a la legalidad vigente y cumplieron con todos los requisitos establecidos por la ley de contratos del sector público".
Si el PP entiende lo contrario, "que vaya a los jugados", apunta Prado, que insiste en que no lo harán porque "saben que no hay ninguna irregularidad" y los populares se limitan a "tirar la piedra y esconder la mano, una práctica que demuestra su nula catadura moral".
El Bloque, dice Prado, no tiene "ningún reparo en que se audite la contratación de la Xunta, "al contrario, que se haga, pero que no se limite a estos cuatro años, que se auditen los contratos de los 16 años de Fraga" y los que se hagan a partir de ahora.
"Que se diga qué recursos económicos se movilizaron durante estos años, con qué empresas se contrató y quién se sentaba en los consejos de administración de esas empresas. Nosotros no tenemos absolutamente nada que esconder. Es más, estamos muy interesados en ter estos datos", concluye la nota.
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