Zaragoza.- El proyecto de Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad ha pasado hoy su primer examen en el Pleno de las Cortes de Aragón con el debate de dos enmiendas a la totalidad de CHA e IU pidiendo su devolución, que han sido rechazadas por los grupos del Gobierno, PSOE y PAR, mientras que el PP se ha abstenido.
Los grupos de CHA e IU han mostrado así su rechazo al proyecto de ocio y juego de Gran Scala, que promueve Internacional Leissure Development (ILD) en Ontiñena (Huesca) y que, en su opinión, es el único motivo para la aprobación de esta ley.
El diputado de CHA Chesús Yuste ha pedido la devolución del proyecto por razones jurídicas "solidas" independientes de las políticas, porque está hecha "a la medida de un proyecto concreto", Gran Scala, que incumple la legalidad vigente y vulnera principios constitucionales como el de igualdad y el de seguridad jurídica, además del de la propiedad privada, porque se prevé la expropiación de terrenos una vez los promotores hayan adquirido el 90 por ciento de los suelos.
"En la legislación aragonesa no hay ninguna laguna legal que cubrir", ha recalcado Yuste, y esta ley, con la que al Gobierno "se le ha ido la mano", nace para eliminar los obstáculos que ahora impiden que un "megaproyecto" de ocio que pretende abrir 32 casinos se instale en Aragón, donde hoy por hoy sólo se puede abrir uno por provincia y a una distancia de 40 kilómetros.
Para Yuste, la clave de este proyecto está en la "arbitrariedad", porque las solicitudes quedan siempre a la "discrecionalidad" del Ejecutivo que, aunque apueste por los casinos para "salir de la crisis", debería ser más cuidadoso para evitar "imponer una legislación a la carta".
En su opinión, Aragón puede correr el riesgo de convertirse en un "paraíso de los casinos" y ha criticado que el Gobierno no impulse leyes excepcionales para impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación.
Por su parte, Adolfo Barrena, de IU, ha reprochado al Gobierno que con este tipo de proyectos está "chantajeando" a los ciudadanos con el empleo y al PSOE que pretenda salir de la crisis con el "ladrillo" y "cayendo en el centro, y de ahí a la derecha -ha advertido- hay muy poquito".
Ha denunciado que con esta ley los grupos del Gobierno "amnistían" a Gran Scala de cumplir las leyes de Urbanismo y de Ordenación del Territorio que hoy ha aprobado el Pleno y ha exigido al Ejecutivo que sea "honesto" y aclare si ya ha pactado el proyecto con el PP.
Además, ha afirmado que todavía no se ha visto a los "aventureros" de ILD "arriesgar nada", ha cuestionado el tipo de empleo que Gran Scala pueda generar y ha emplazado al PSOE a demostrar con su voto que está dispuesto a buscar una salida a la crisis desde la izquierda y a "tumbar esta locura".
Eloy Suárez, del PP, ha destacado la actitud "constructiva" de su grupo ante este proyecto de ley que, aunque es "manifiestamente mejorable" en aspectos como la autonomía municipal o el olvido de las personas que sufren ludopatía, a su juicio el debate de fondo es si merece o no la pena "correr el riesgo" de abordar los centros de alta capacidad y si éstos generan o no empleo y PIB.
"No será el PP quien se oponga a este modelo de generación de riqueza", ha apuntado Suárez, porque "a lo mejor merece la pena empezar esta aventura", a pesar de su parte negativa y de que a los populares les gustaría más otro tipo de crecimiento, aunque ha advertido de que si no sale adelante Gran Scala "pasa, y mucho",
porque el Gobierno lo presentó con "bombo" y "precipitación e imprudencia".
José Ramón Ibáñez, del PSOE, ha señalado que si se instalan en Aragón centros de ocio de alta capacidad será "muy beneficioso" para la Comunidad y ha opinado que no se puede pedir la devolución del proyecto de Ley por cuestiones técnicas, porque para resolverlas, en su caso, está la ponencia y los servicios jurídicos de la Cámara.
Javier Callau, del PAR, ha insistido en que el objetivo principal es contribuir a generar riqueza y empleo, ha subrayado que no se puede tachar la ley de "legislación a la carta", porque regula con carácter general los centros de ocio de alta capacidad, y ha negado que se vulneren principios constitucionales porque la norma es de aplicación general a cualquier iniciativa privada que promueva un centro de estas características.
El consejero de Industria, Arturo Aliaga, ha presentado ante el pleno la Ley, que regulará las instalaciones de gran impacto turístico, como Gran Scala, con rígidas garantías legales y la presentación de avales por parte de los promotores por valor de seis millones de euros.
Además, se establecen las dimensiones mínimas que deben de tener este tipo de instalaciones, mil hectáreas, así como la obligatoriedad de que creen como mínimo 3.000 puestos de trabajo directos y oferte al menos 8.000 plazas hoteleras.
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