Zaragoza.- Las Cortes de Aragón han aprobado hoy, con los votos a favor de PSOE y PAR, la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, una norma que permitirá la instalación en la Comunidad del macrproyecto de ocio y juego Gran Scala y que ha contado con el rechazo rotundo de los grupos de CHA e IU y la abstención del PP en la mayoría de sus artículos.
Esta Ley regulará las instalaciones de gran impacto turístico y, según el Gobierno de Aragón, "tiene rígidas garantías legales y exige la presentación de avales por parte de los promotores por valor de seis millones de euros", además de que establece las dimensiones mínimas que debe tener este tipo de instalaciones, mil hectáreas, creación de más de 3.000 empleos y la oferta de al menos 8.000 plazas hoteleras.
El diputado del PAR Javier Callau, quien ha defendido la Ley en el pleno celebrado hoy en la cámara, ha insistido en que se trata de una norma que facilita la instalación de proyectos en la Comunidad con una generación importante de riqueza y empleo, y ha valorado el "elevado grado de consenso" obtenido en la tramitación.
Por su parte, CHA e IU han rechazado la legislación "a la carta" que, en su opinión, se está llevando a cabo con la aprobación de esta norma, más aún teniendo en cuenta los dos informes de los servicios jurídicos de las Cortes de Aragón, en los que se presentan dudas sobre la posible inconstitucionalidad de algunos artículos.
Callau ha hecho hincapié en que el Ejecutivo de Marcelino Iglesias considera muy importante el desarrollo de Aragón y el bienestar de sus ciudadanos, especialmente en las zonas donde "se carece de casi todo", y, por ello, ha mostrado su seguridad de que con la aprobación de esta Ley "se toma la decisión correcta", porque responde a las "esperanzas" de la Comunidad y a "los sueños de las personas que queremos vivir aquí".
En este sentido, ha lamentado el "aprovechamiento partidista" que algunos grupos parlamentarios pretenden hacer de esta situación, teniendo en cuenta que "esta Ley tiene un impacto mediático superior a cualquier otra".
Eloy Suárez, del PP, aunque ha mostrado su apoyo a proyectos de este tipo que generan un gran número de empleos, ha explicado que su grupo se ha abstenido en los artículos "que serían susceptibles de incurrir en inconstitucionalidad" y ha lamentado la "tramitación tortuosa y difícil" de una norma "compleja y con muchas aristas".
A su juicio, una Ley "de este calado" requería de un "debate sosegado", ya que "las prisas son malas consejeras", y ha echado en falta en la norma algunas cuestiones, como una mayor defensa del medio ambiente o garantías respecto a la vertebración del territorio.
Por su parte, el diputado de CHA Chesús Yuste ha explicado que rechaza esta Ley no sólo "por ser inconstitucionalidad", sino porque "es una barbaridad legislar a la carta" y que el Gobierno "siga apostando por un modelo especulativo que nos ha conducido a la crisis" y no por "un modelo más sano basado en la innovación y el conocimiento".
En este mismo sentido se ha posicionado Adolfo Barrena, de IU, quien ha recordado que su partido "dijo no a esta locura" y a "esta aberración" desde un principio, y ha lamentado que no se haya preguntado a la ciudadanía respecto a este proyecto.
Además, ha expresado al Ejecutivo autonómico que lo que se está haciendo con esta "mala" ley es "propio de un Gobierno bananero", donde se cambian normas con facilidad para que proyectos privados puedan seguir adelante, y ha agregado que se va a permitir la apertura de un "guantánamo territorial" en la localidad oscense de Ontiñena donde está proyectado el complejo.
Por su parte, el diputado del PSOE José Ramón Ibáñez ha resaltado que quien gobierna debe dejar de tener vértigo a la hora de tomar decisiones, y ha considerado que de no haber asumido riesgos proyectos como Plaza o la Ciudad del Motor no hubieran seguido adelante.
Se ha mostrado convencido de que es "muy beneficioso y positivo" para la comunidad que se instalen proyectos de cualquier tipo en su territorio, y ha opinado que no de debe demonizar ningún sector económico, al tiempo que ha pedido a los grupos que no responsabilicen a los servicios jurídicos de las Cortes de sus decisiones.
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