Bruselas.- La Organización Europea de Operadores de Telecomunicaciones (ETNO) pidió hoy a los ministros europeos del ramo, que se reunirán el jueves en Luxemburgo, que se centren en lograr un acuerdo con la Eurocámara sobre el derecho de acceso a internet, punto que bloquea el nuevo marco normativo de este sector.
ETNO solicitó a los países a través de un comunicado que "no creen más incertidumbre" reabriendo elementos de la regulación sobre la que ya han llegado a un acuerdo, y que se aseguren de cerrar una posición común sobre el "único asunto pendiente".
El Parlamento Europeo (PE) aprobó el mes pasado una enmienda en el nuevo marco de regulación de las telecomunicaciones que exige una orden judicial para cortar el acceso a internet a un usuario.
Al no formar parte esa enmienda de la posición común alcanzada entre el PE y los países de la UE, la aprobación de la totalidad del marco legislativo quedó bloqueado.
El proyecto normativo deberá con toda probabilidad ser examinado en otoño por el "comité de conciliación", un proceso en el que representantes de la Eurocámara y el Consejo negocian un acuerdo.
El director de ETNO, Michael Bartholomew, señaló en la nota que la falta de un acuerdo final sobre esa legislación agrega "incertidumbre" a un sector que "ha sido ampliamente reconocido como un factor clave para la recuperación económica".
Para los principales operadores europeos, la "principal prioridad" es que la revisión de la legislación comunitaria sobre las telecomunicaciones cree las "condiciones apropiadas" para llevar a cabo las "arriesgadas" inversiones necesarias -estimadas en 300.000 millones de euros- para desplegar las redes de nueva generación de internet.
A su juicio, el desarrollo de estas nuevas líneas es "esencial" para la recuperación de la economía europea, ya que, según sus cálculos, su creación podría generar dos millones de puestos de trabajo y 900.000 millones de crecimiento del PIB.
Por otra parte, ETNO sí que reconoció que, finalmente, el texto legislativo sí que incluya diferentes medidas para "incentivar" esas inversiones "de riesgo".
Sin embargo, volvió a hacer hincapié en que la llamada "separación funcional", una de las medidas que incluye la normativa para fomentar la competencia, no proporciona "evidencias claras" de sus beneficios, da una "señal equivocada" a los inversores y "no es apropiada" en los mercados "muy competitivos" de hoy.
Esa medida prevé, en concreto, que un regulador nacional pueda pedir a un operador dominante que disocie su infraestructura de red de su negocio de servicios para fomentar la competencia, una medida que podría aplicarse únicamente de forma "excepcional".
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