Naciones Unidas.- El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, aseguró hoy que el presidente de Sudán, Omar al Bachir, tendrá que responder tarde o temprano por los crímenes cometidos presuntamente bajo sus órdenes en Darfur.
El jurista argentino señaló que tras la emisión el pasado 4 de marzo de una orden de arresto internacional contra Bachir, el Gobierno de Jartum tiene la obligación bajo la resolución 1.593 de la ONU de entregar al mandatario y a otros dos sudaneses acusados por el tribunal internacional.
"La experiencia a nivel internacional en los casos de Slobodan Milosevic y Charles Taylor, y la de otros casos a nivel nacional, nos indican que la implementación de fallos judiciales contra jefes de Estado tarda su tiempo, meses o años, pero al final todos terminan ante la justicia", afirmó Moreno Ocampo en una intervención ante el Consejo de Seguridad.
El fiscal indicó que su oficina hizo llegar la documentación correspondiente a las autoridades sudanesas, que ahora "tienen la responsabilidad de arrestarlo".
La resolución 1.593 de 2005, que refirió el conflicto de Darfur a la CPI, instruye a Sudán a que coopere sin reservas con la labor del tribunal internacional, que tiene su sede en La Haya.
El Gobierno sudanés se ha negado a cumplir la orden del tribunal internacional, al que acusa de ser un instrumento de las potencias occidentales y carecer de competencia para juzgar a ciudadanos de su país.
Moreno Ocampo también recordó que Jartum tiene pendiente la extradición a La Haya de los sospechosos Ahmed Harun, actualmente gobernador de la provincia de Kordofan, y al dirigente de la milicia "yanyauid" (proárabe) Ali Kushayb.
La CPI acusa a Bachir de ordenar una "campaña criminal" contra los habitantes de Darfur, que fue coordinada por Harun y ejecutada por Kushayb, con el fin de expulsarlos de sus hogares.
Por otra parte, Moreno Ocampo señaló que el próximo 12 de octubre se celebrará una vista en La Haya para confirmar los cargos que afronta el comandante rebelde Bahr Idriss Abu Garda, que recientemente se entregó de forma voluntaria al tribunal internacional.
La fiscalía le acusa de crímenes de guerra presuntamente cometidos en septiembre de 2007 en un ataque contra la base de los "cascos azules" de la Unión Africana (UA) en Haskanita, al norte de Darfur.
Asimismo, señaló en su intervención que no tiene previsto iniciar ninguna otra investigación formal relacionada con Darfur en los próximos meses, pero sí seguirá indagando acerca del tratamiento que reciben los desplazados por el conflicto, la violencia que reina en la frontera con Chad y el reclutamiento de niños soldados.
Resaltó que las víctimas del conflicto llevan más de cuatro años hacinadas en campos de desplazados, sin perspectivas de futuro, atrapadas ante el riesgo de que las mujeres sean violadas y los menores reclutados si abandonan sus refugios.
"Hay una generación de víctimas que afrontan dos opciones: salir de los campos y morir ese mismo día, o permanecer en ellos y morir al día siguiente", apuntó.
Tras la intervención del fiscal argentino, los quince miembros del Consejo de Seguridad se reunieron a puerta cerrada sobre la situación en Sudán.
Algunos países presentes en el máximo órgano, encabezados por Libia, respaldan la petición de la Unión Africana de que se suspenda por un año el proceso contra Bachir.
Por otro lado, países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Costa Rica se han pronunciado en contra de entrometerse en la labor del tribunal internacional.
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