La Paz.- El Gobierno de Evo Morales instó hoy a los magistrados del país a defender su sistema judicial ante la "injerencia" del canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, quien justificó el asilo otorgado a tres ex ministros bolivianos por su desconfianza en la Justicia de ese país.
"(García Belaúnde) dice que la Justicia boliviana no es creíble. Nosotros hemos salido a defender la Justicia, hemos señalado que es una injerencia del canciller peruano, pero los magistrados no han dicho nada", afirmó el portavoz del presidente Evo Morales, Iván Canelas, en declaraciones a los medios.
El ministro de Exteriores peruano aseguró este fin de semana que Lima concedió asilo a tres ex ministros del Gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quienes son juzgados en su país por genocidio, porque considera que la Corte Suprema boliviana fue intervenida por el poder Ejecutivo y Legislativo.
Para Canelas, los magistrados de su país "que tanto salen a declarar cuando el Gobierno les critica algo" deberían pronunciarse en contra de estas manifestaciones, a las que tachó como una injerencia de Lima.
"No se admite desde ningún punto de vista que el canciller peruano dañe y denigre la imagen de la Justicia boliviana", aseguró el portavoz.
El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, tachó el pasado sábado de "irresponsables" las declaraciones del canciller peruano y afirmó que "son muestra clara de la estructura intervencionista en asuntos políticos y judiciales internos".
Por su parte, Isaac Ávalos, uno de los principales dirigentes campesinos del país y afín al gabinete de Morales, dijo hoy que el Gobierno peruano y su presidente, Alan García, "parecen un títere de Estados Unidos para fregar (perjudicar) a Bolivia".
El Ejecutivo de Alan García dio refugio a los ex ministros bolivianos Mirtha Quevedo (Participación Popular), Javier Torres (Salud) y Jorge Torres Obleas (Desarrollo Económico), quienes se refugiaron en Lima desde mediados de este mes.
Los ex ministros se enfrentan en Bolivia a una acusación por genocidio por la represión militar contra unas protestas sociales que en octubre de 2003 terminó con más de 60 muertos.
En el caso, el principal acusado es el entonces presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, quien gobernó de 1993 a 1997 y de 2002 a 2003, cuando huyó a Estados Unidos.
El asilo concedido a los ex ministros reavivó la tensión entre los gobiernos de Lima y La Paz, cuyas relaciones diplomáticas, según llegó a afirmar el presidente Morales, están en "alto riesgo".
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