Bilbao.- La Confederación Empresarial Vasca (Confebask) ha abogado hoy por la continuidad de la central nuclear de Garoña (Burgos), ya que considera que su cierre "afectaría negativamente a la competitividad de las empresas de alto consumo", a la industria y a los propios consumidores.
Confebask, a través de un comunicado, ha advertido de que la paralización de la planta, "además de incrementar el coste de la energía para empresas y particulares, desequilibraría el mix energético y contribuiría a una merma del suministro".
A juicio de la patronal vasca, "no existen razones" para cuestionar el funcionamiento de la central burgalesa, que "ha demostrado a lo largo de estos años plenas garantías de seguridad y eficacia", por lo que ha confiado en que "a la vista de los múltiples y reiterados controles y evaluaciones internacionales a los que ha sido sometida, el Consejo de Seguridad Nuclear así lo avale".
Los empresarios vascos han recalcado que la energía no producida por Garoña "debería ser sustituida por un incremento de las importaciones procedentes de centrales nucleares de Francia" y aumentar la dependencia del petróleo, "con las negativas consecuencias que esto implica", o haría necesario recurrir a otras tecnologías "más caras o más contaminantes".
La central nuclear de Garoña, ha recordado Confebask, produce en la actualidad 3.500 Gw/h al año, "equivalentes a toda la producción de energía fotovoltaica española con un coste 10 veces inferior y sin apenas emisiones de CO2 a la atmósfera".
Garoña está en funcionamiento desde 1970 y la autorización de explotación es válida hasta el próximo mes de julio, aunque la empresa titular de la misma, Nuclenor (participada al cincuenta por ciento por Endesa e Iberdrola), ha pedido una prórroga de ese permiso por un nuevo periodo de diez años.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se ha puesto como fecha límite el 5 de junio para emitir el informe definitivo sobre la continuidad de la central.
Si el informe es desfavorable y se desaconseja la prórroga, éste tendrá carácter vinculante para el Gobierno, que deberá ratificar su cierre; si es favorable a prolongar la vida útil, será el Consejo de Ministros el que tome la decisión definitiva.
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