Madrid.- El administrador concursal de Martinsa-Fadesa Antonio Moreno se quejó hoy de que la reforma de la Ley Concursal ha establecido nuevos costes que tendrán que pagar de sus retribuciones los profesionales nombrados por un juez mercantil para gestionar una empresa insolvente.
Durante su participación en una jornada organizada por el despacho CMS Albiñana y Suárez de Lezo, Moreno, que también pertenece a la administración concursal de Fórum Filatélico, destacó que los administradores judiciales deberán sufragar, por ejemplo, las tasaciones de bienes que encarguen para fijar el valor del activo de la empresa, que hasta ahora pagaba la propia compañía.
En este sentido, señaló que las empresas tasadoras que han valorado los activos de Martinsa-Fadesa han cobrado 750.000 euros por un trabajo que ha implicado, entre otros aspectos, visitar 540 promociones dispersas geográficamente, lo que no habría podido abarcar su equipo, destacó Moreno.
También puso de manifiesto que, para tramitar el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) de Fórum Filatélico, la administración concursal llegó a tener a 87 personas contratadas, en tanto que en Martinsa ese número ha ascendido a 58, sin contar los tasadores.
"Hay que valorar lo que implica la gestión de una empresa y de un concurso, ya que no es sólo dirigir una sociedad, sino tomar decisiones que pueden ser recusadas por el juzgado", manifestó Moreno.
Por ello, mostró su deseo de que "el propio juez pudiera determinar las cuantías (que cobra la administración concursal) de acuerdo al coste del proceso".
La reforma de la Ley Concursal fija que la retribución de la administración concursal se determinará mediante un arancel que se aprobará reglamentariamente y que atenderá a la cuantía del activo y del pasivo, al carácter ordinario o abreviado del procedimiento, a la acumulación de concursos y a la previsible complejidad del concurso.
En cualquier caso, Moreno valoró otros aspectos de la reforma de la Ley Concursal, como el hecho de que se fomenten los procedimientos abreviados, que buscan resolver el concurso de acreedores en un plazo breve de tiempo, que los expertos estiman en un año.
Según cálculos de Moreno, el 75% de los concursos existentes podrían tramitarse por este procedimiento, que exige en cualquier caso que las empresas que lo utilicen no tengan más de diez millones de euros de deuda (frente al millón que se pedía anteriormente).
En la jornada también estuvieron presentes el catedrático de Derecho Mercantil y consultor de CMS Albiñana & Suárez de Lezo Andrés Recalde y el socio del despacho especializado en reestructuraciones y concursos de acreedores Juan Ignacio Fernández-Aguado.
Este letrado defendió la conveniencia de presentar planes anticipados de pago a los acreedores (convenios anticipados), pese a reconocer que la regulación existente impone ciertas limitaciones.
"Una buena propuesta anticipada puede conseguir que un concurso de años pueda resolverse en meses", declaró Fernández-Aguado, que insistió en que la reforma de la Ley Concursal, aprobada por el Gobierno el pasado 27 de marzo, impone una cierta "tramitación tortuosa" del convenio.
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