Santiago de Compostela.- Los portavoces de los grupos parlamentarios del PSdeG y BNG, Xaquín Fernández Leiceaga y Carlos Aymerich respectivamente, criticaron hoy que la presidenta de la Cámara, Pilar Rojo, interprete el reglamento de forma que la labor de control al Gobierno por parte de la oposición se vea limitada.
Aymerich explicó que ante el desacuerdo surgido entre los grupos sobre la elaboración de las órdenes del día de los plenos, Rojo propuso que los grupos llegasen a un acuerdo sobre los cupos de iniciativas a debatir, "pero, mientras no haya acuerdo -señaló-, la presidenta ya limita con una interpretación estricta del reglamento".
Para el portavoz socialista, esta interpretación por parte de la presidenta y del Grupo Popular muestra la intención de "desinflar" la actividad parlamentaria.
Leiceaga indicó que "se introducen criterios extremadamente rígidos que impiden que en los primeros plenos se puedan introducir iniciativas que aún no cumplieron el conjunto de los plazos, lo cual deja anémico este primer pleno".
El portavoz nacionalista explicó que las consecuencias de la norma "impuesta" suponen que el BNG sólo podrá incluir en el orden del día de los plenos una proposición no de ley y una interpelación, frente a las dos que podían debatir los grupos en la pasada legislatura.
Las consecuencias de dicha interpretación se verán, dijo Aymerich, en el pleno de la próxima semana, en el que el Grupo Popular sólo permitió que se incluyese la comparecencia, a petición propia, de la conselleira de Sanidad para hablar de la nueva gripe, y una iniciativa legislativa popular sobre la Red Madre, y dejó fuera una sobre el plus de altos cargos que propuso incluir el BNG.
El orden del día sí incluirá una proposición no de ley nacionalista sobre las medidas que se deben adoptar para evitar la ubicación de parques eólicos en el litoral gallego, así como una pregunta al Gobierno sobre la situación de los núcleos del litoral.
El BNG preguntará también al Gobierno por el incumplimiento de la Ley de Igualdad en el trabajo en la composición del Gobierno gallego.
Aymerich destacó el contenido de su pregunta al presidente de la Xunta, en la que demandará el cese del conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
"Parece que algunos tienen patente de corso", ironizó Aymerich, "y pueden falsificar documentos públicos sin que pase nada, porque ahí sigue, gestionando el 42% de los presupuestos de la Xunta".
Por su parte, Leiceaga indicó que parte de las iniciativas del grupo parlamentario socialista se centrará en el mercado laboral, pese a que el PP no aceptó para el orden del día la petición de comparecencia de la conselleira de Trabajo ni una proposición no de ley sobre el mercado de trabajo.
Leiceaga explicó que el presidente del grupo socialista formulará en el pleno al presidente de la Xunta una pregunta sobre la actual coyuntura por la que atraviesa la comunidad debido a la crisis económica. Anunció, además, sendas preguntas sobre la reforma del IRPF y las ayudas al sector del automóvil.
Asimismo, explicó que tampoco ha sido aceptada la solicitud de comparecencia del conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, sobre el expediente de incompatibilidades abierto por el anterior gobierno gallego al hoy conselleiro Agustín Hernández.
También aludió a la certificación de obras en la Diputación de Pontevedra, señalando que "concurren varias circunstancias de especial gravedad".
"Por un lado, la obra no estaba empezada y, además, no podía hacerlo porque carecía de los permisos correspondientes; se trasladan fondos a una empresa sobre la base de una certificación falsa, y, tercero, el señor Hernández había trabajado para la empresa beneficiaria".
En cuanto al archivo de diligencias sobre la Autovía do Barbanza, el portavoz socialista calificó de "inaudito" que el presidente de la Xunta pida la dimisión de la diputada y ex conselleira, María José Caride, cuando, dijo, "la Justicia dice que no tiene ninguna responsabilidad" en el caso.
Por su parte, el portavoz del PP, Manuel Ruiz Rivas, anunció el debate en pleno de una iniciativa legislativa popular sobre la creación de una red de apoyo a la mujer embarazada, y una proposición no de ley para el endurecimiento de las penas en caso de atropello cuando se produzca la omisión del deber de socorro.
El PP también preguntará al Gobierno gallego sobre las medidas que se adoptarán para aumentar la liquidez de empresas y familias en el actual contexto de crisis, sobre la valoración del Gobierno respecto a la nueva estructura de la Xunta y sobre la entrada en servicio del AVE.
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