"Los ciudadanos de Europa votan... no votando". Con estas palabras resumía el historiador Timothy Garton Ash en un artículo —traducido al castellano en El País del domingo— el sentir y la actitud de pasotismo de los europeos de cara a las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán entre los pŕoximos 4 y 7 de junio en los 27 países de la Unión.
Las previsiones de los sondeos no son muy alentadoras. Según el Eurobarómetro, la abstención alcanzará la cifra record del 66 por ciento. Es decir, que sólo el 34 por ciento de los ciudadanos se acercará a las urnas para elegir a los 736 eurodiputados que lo compondrán. Por más empeño que las instituciones aseguran poner en que su actividad llegue a los ciudadanos, esta tendencia no se corrige, sino que se agudiza con el tiempo: la participación ha ido disminuyendo paulatinamente desde el 63 por ciento en 1979 hasta hoy. Si las pasadas elecciones al Parlamento, de 2004, ya se vivieron como un "naufragio electoral", ¿qué adjetivos se utilizarán para esta ocasión en caso de cumplirse los pronósticos?
El origen y las razones del desapego y el desinterés de los europeos hacia lo que algunos llaman O.P.N.I (Objeto Político No Identificado) se han analizado de forma profusa durante mucho tiempo. Tradicionalmente, se ha alegado la lejanía de las instituciones, la falta de mecanismos de participación democrática y el desconocimiento de las decisiones políticas que se toman en Bruselas. Eso, y la fea costumbre de los gobiernos nacionales de achacar todos los males a la Unión Europea y atribuirse a la vez los logros obtenidos gracias a ella.
¿Pero siguen funcionando esas explicaciones hoy? ¿No será que los ciudadanos sí saben de qué va la UE y lo que hace —o deja de hacer— y precisamente por eso le dan la espalda? Ciertamente, pasa por uno de sus peores momentos desde hace unos meses. El 'no' irlandés al Tratado de Lisboa del pasado mes de junio la dejó en jaque y sin una hoja de ruta clara que seguir. Desde entonces, los desastres se le han seguido acumulando y hasta los artistas que contrata se ríen de ella. "Hay una falta clara de un liderazgo atrayente que tenga un discurso claro", opina Paloma García Picazo, profesora de relaciones internacionales de la UNED, "y los ciudadanos siguen percibiendo que nos gobierna un comité de seres lejanos que no tiene ni idea de sus problemas reales".
De fondo, la crisis económica sigue cobrándose víctimas y ha conseguido que Europa aparezca como un gigante con pies de barro y con las manos atadas, incapaz de ofrecer soluciones. "En este contexto los estados han ganado un mayor protagonismo y existe la sensación de que las instituciones europeas tienen poco que decir, porque prima el interés nacional por encima del supranacional", explica Alicia Cebada, profesora de Derecho Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid.
"La crisis es global, pero cada país tiene sus propios mecanismos internos de respuesta y no se percibe que la solución vaya a llegar de Europa", coincide García Picazo. Y es que, a pesar de que la UE ha llevado documentos de trabajo consensuados a la cumbre del G-20, según ambas especialistas, han terminado imponiéndose las posturas que individualmente ha defendido cada país. Una mala costumbre que también se practica en el Parlamento, donde "el discurso está muy organizado en clave nacional, y no europea", según Cebada.
A estos problemas endémicos y a la crisis financiera se le unen, por si fuera poco, algunas medidas que en los últimos meses han nacido en el seno de la UE y que han levantado ampollas entre la ciudadanía. ¿Ejemplos? Las 65 horas semanales, rechazadas por el Parlamento, y la directiva de retorno de inmigrantes, aprobada. Para García Picazo, éstas son dos muestras de cómo el acervo de bienestar social sobre el que nació la Unión Europea se va desmantelando. Una tendencia que, por otra parte, puede resultar enormemente impopular. Ya cuando se debatía alargar la jornada laboral hasta las 65 horas, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, advirtió a sus colegas de que no se sorprendieran después si los ciudadanos se distanciaban cada vez más de la UE. "Es difícil pedir un compromiso cuando al mismo tiempo estás eludiendo lo que dice la opinión pública respecto al tratado, por ejemplo", opina Cebada.
El peso de los intereses nacionales en la UE, sin embargo, no sólo se manifiesta en las votaciones en el Parlamento o en las negociaciones sobre los fondos. Raro es el caso en que unas elecciones de este tipo no se juegan en el plano nacional. En España, los sondeos dan ventaja al Partido Popular en una contienda que ya se ha planteado como un termómetro del descontento de los ciudadanos ante la gestión de la crisis económica por parte del Gobierno de Zapatero. Y, como en nuestro caso, más de lo mismo sucede en casi todo el resto de Estados europeos.
Por otra parte, el Parlamento Europeo se ha convertido en una especie de cementerio político —tal y como le recordaron el otro día a López Aguilar—, un destino ingrato reservado a personajes de prestigio a los que las ejecutivas de los partidos quieren quitarse de enmedio. Un destierro que dice bastante sobre la importancia y la consideración que se le concede a esta institución. "Entre que los representantes que se envían no son los números uno y que la capacidad de legislación no es equivalente a la de un parlamento nacional, la gente no se motiva"; opina García Picazo.
El resultado de la suma de todos estos factores es, en palabras de Amparo Alcoceba, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid y autora de varios manuales sobre Derecho Comunitario, "una suma de desencanto y decepción". Sin embargo, en caso de que salga adelante el Tratado de Lisboa, el Parlamento, que ha ido ganando poder en los últimos años, cobrará un protagonismo inédito. Y es que el documento prevé que el procedimiento de codecisión, en el que el Parlamento comparte el poder legislativo en plano de igualdad con el Consejo, se generalice. Es decir, que los 736 diputados a los que más de la mitad de Europa no parece interesada en elegir serán indispensables para que las directivas o los reglamentos salgan adelante.
De esta manera, se da la paradoja de que en el momento en que los europeos le dan la espalda con mayor ahínco a Europa, su voto podría tener más peso que nunca. "La gente tiene una percepción falsa sobre la importancia real del Parlamento y su poder de cambiar cosas", indica Carmen Pérez, profesora de Derecho Internacional en la Carlos III y ex asesora de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. Según ella, capítulos como el de las 65 horas, que afectaba directamente a la vida cotidiana, podrían conseguir que los ciudadanos fueran conscientes del papel de una institución que "cada vez cuenta para más" y que puede llegar a influir en su día a día.
Un Parlamento que, como recuerda Cebada, tomará unas u otras decisiones dependiendo del color político que tenga, algo que se definirá el próximo mes de junio. En medio de las recurrentes peticiones de que se acometa una reforma institucional que abra más y mejores cauces de participación, Cebada recuerda que ésta se trata de una de las pocas oportunidades democráticas que se nos ofrecen a los ciudadanos. "Me parece incoherente protestar porque no tenemos una UE democrática y no participar en votaciones como ésta", señala.
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