Ración extra de cinismo. Ahora nos venden que los inmigrantes podrán votar. Un derecho que desde hace 30 años contempla la Constitución. Zapatero quiere lavarse las manos tras aprobar la sonrojante directiva europea de retorno. Conoce los puntos más polémicos antes de adoptar una postura.
Como en el reciente Congreso del PSOE no se ha aprobado ni una medida progresista –el aborto y la eutanasia quedaron en una sutil declaración de intenciones-, Zapatero se ha comprometido a extender el voto a los inmigrantes en las elecciones municipales. Una labor a la que raudo y veloz se acaba de poner el grupo socialista en el Congreso como si se tratase de un paso de gigante.
"Un anuncio oportunista y nada innovador, pues en febrero de 2006 ya se aprobó una proposición de ley por unanimidad que iba incluso más allá y que ningún partido ha tenido interés en poner en práctica. De hecho, el PSOE podía haberlo incluido en el programa electoral y no lo hizo", explica Begoña Sánchez, portavoz de SOS Racismo, una ONG a la que es difícil colarle el cuento de la solidaridad europea que tanto el presidente del Gobierno como el ministro de Interior repiten sin cesar desde que en el Parlamento Europeo se dio luz verde a la directiva de retorno de inmigrantes. Sólo dos parlamentarios socialistas votaron en contra, Josep Borrell y Raimon Obiols. Y su actitud crítica y coherente con las políticas que llevan años defendiendo ya les ha pasado factura. Borrell no volverá a encabezar las listas de su partido en las próximas elecciones europeas, lo hará en su lugar Fernando López Aguilar. Tratar de abrir los ojos a Zapatero tiene castigo, sobre todo cuando el presidente prefiere mirar hacia otro lado.
El aluvión de pateras sembradas de muerte que llegan a las costas españolas es sólo uno de los frentes más dramáticos de la inmigración. Urge odenar y solucionar esta grave situación, en la que el sueño de una vida mejor se estampa con la realidad. Aunque el texto aprobado en el Parlamento Europeo no es el maná. El sonrojante marco normativo, que amparándose en la necesidad de acabar con la inmigración ilegal y controlar los flujos, pone en tela de juicio esos valores democráticos y éticos de los que presume la Europa Unida del siglo XXI no recoge ni una de las enmiendas votadas en la Comisión de Libertades en 2007, que establecía un máximo de tres meses de retención, entre otras. No parece muy progresista que un país pueda retener en centros de internamiento, o en centros penitenciarios en su defecto, a familias enteras –incluidos niños- hasta un máximo de 18 meses (seis meses ampliables a otros 12 más). La justificación para tan largo periodo es "la falta de cooperación" del inmigrante expulsado o "la demora en la obtención de la documentación necesaria" que debe enviar el país de origen. Este último requisito desencadenaría la carcajada si no fuera porque no se trata de una comedia sino de la más amarga realidad. ¿Cómo puede el Estado de nacimiento de un inmigrante, como por ejemplo Senegal, en el que en ocasiones no se tiene constancia administrativa de su existencia, enviar ningún papel oficial?
La inseguridad jurídica que genera el lenguaje interpretativo que se utiliza en la redacción de la directiva es inquietante. La intervención de un juez se realizará "tan pronto como sea posible" y los derechos de los niños, entre otros, se cumplirán "en la medida de lo posible". El contacto con un abogado se facilitará "a su debido tiempo". Begoña Sánchez de SOS Racismo lo tiene claro: "Atenta contra los derechos de la infancia. Se priva de libertad a los menores y además se repatría sin garantías a un tercer país. Así, un crío puede ser deportado a Marruecos, por ejemplo, aunque sea de otro Estado. La directiva legitima una serie de situaciones y, para eso, no hacía falta ningún texto". La eurodiputada sueca Helène Goudin (Grupo Independencia y Democracia) reflexiona sobre la legalidad de retener a una persona que no ha cometido un delito 18 meses y advierte del peligro que conlleva la prohibición de regreso en cinco años, ya que incrementará la actividad de las mafias.
Resulta curioso que no se haya tomado como modelo a países como España en el que el plazo de retención estaba limitado a 40 días —incluso la Francia de Sarkozy contempla 30 días máximo—. Sin embargo, ha sido Malta, un Estado denunciado reiteradamente hasta por la UE debido a las dudosas condiciones de internamiento, el elegido para imponer el tope de 18 meses, que comparte con Alemania. "Aunque España no adopte ese plazo, de ahora en adelante, dispone de colchón para alargar los 40 días. Puede cambiar desde el Gobierno a la política de inmigración. Nunca se sabe", apunta Begoña Sánchez de SOS Racismo. Miguel Sebastián, ministro de Industria y hombre fuerte del Ejecutivo, interrogado por soitu.es sobre este punto en la presentación del libro de Guillermo de la Dehesa 'Comprender la inmigración' (Alianza Editorial), responde que ese supuesto "es ciencia-ficción'" y suelta la argumentación gubernamental de que por fin se establece un límite para quienes no lo tenían.
Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración, que ha intervenido en el mismo acto que Sebastián, aseguraba que "ya no basta con políticas locales, es necesaria la cooperación entre países y España debe llevar la iniciativa". Escasa iniciativa ha existido en la directiva de retorno, plantea soitu.es a la experimentada política. "Se trataba de marcar un límite. Sin ellos, nosotros mismos podríamos haber cambiado el plazo actual de 40 días a más de 18 meses. De hecho, vamos a ampliarlo, como ya anunciamos, porque resulta insuficiente, aunque 18 meses me parece mucho. Y que conste que no lo variamos por la directiva, lo habríamos hecho de todas maneras". Lo cual demuestra que el calificativo de "ciencia-ficción" contradice los planes de Inmigración.
Por si fuera poco, la orden de internamiento, que hasta ahora debía ser judicial, podrá dictarse también vía administrativa. Y encima, si hasta el momento cada Estado debía apechugar con los gastos derivados de la retención, la directiva permite beneficiarse de los cerca de 700 millones de euros del Fondo Europeo para el Retorno que estaba bloqueado por falta de base jurídica —un jugoso tesoro que es en realidad el culpable de las prisas de los 27 por votar la directiva—. Estas son las medidas que Zapatero califica de "avance", pues había ocho países de los 27 en los que no existía límite de tiempo de internamiento como Suecia, Finlandia y Holanda, que no lo necesitan porque su sistema garantiza una estricta vigilancia judicial en los exiguos casos que se registran. O sea que casi nadie tenía que rebajar el plazo y en cambio ahora hay 15 países que lo pueden extender.
Correr un tupido velo sobre esta directiva es la actitud del mismo Gobierno que la rubricó. En el Congreso del PSOE, las Juventudes Socialistas cargaron sobre la ampliación comunitaria de la jornada laboral pero obviaron la directiva. Cero autocrítica interna. Así que para enterrarla en el olvido, nada como presumir de dotar de derechos a los mismos inmigrantes a los que se azuza.
En diciembre de este año se cumplen 30 años de la Constitución Española. En el artículo 13 se contempla desde hace tres décadas el derecho al voto de los extranjeros residentes en este país siempre que exista un tratado de reciprocidad con su país de origen ratificado por ambos. España tiene firmados tratados con Noruega, Argentina y Chile pero sólo está ratificado el de Noruega. En Madrid existe medio millón de potenciales votantes, que no pueden ejercer. Sin embargo las sucesivas generaciones de políticos no han encontrado el momento de trabajar para lograr hacer una realidad los derechos de estos ciudadanos. José Antonio Alonso, portavoz socialista en el Congreso, está dispuesto a cumplir el encargo de Zapatero para mitigar el nefasto efecto con que se ha recibido la famosa directiva de retorno. El presidente en persona explicará hoy en Marruecos el plan de retorno y la posibilidad de que los 376.000 marroquíes que viven en España puedan votar en 2011 siempre que se firme un acuerdo de reciprocidad, claro.
Un total de 5.200.000 inmigrantes, un 11,3% de la población española, están esperando poder meter la papeleta en la urna, en el segundo país del mundo, por detrás de EEUU, con más extranjeros. "A la tasa que está envejeciendo Europa, vamos a estancarnos a no ser que tengamos más personas en edad de trabajar. El aumento de la inmigración y la caída de los tipos de interés tras entrar en la zona euro, han propiciado un crecimiento del 3,5% anual durante 14 años. Ahora estamos en un ciclo de recesión pero no hay que dejar de pensar en el medio y largo plazo. Y estamos tendiendo a posiciones más duras sobre inmigración", apunta el economista Guillermo de la Dehesa justo después de que Sebastián incidiese en la flexibilidad "funcional, de movilidad y salarial, pues incluso con una disminución salarial estarían mejor que en su país de origen" que aporta la inmigración.
Si los sabios están de acuerdo en la dependencia creada respecto a la mano de obra extranjera, ¿no será mejor que se trate dignamente a los extranjeros que contribuyen a mantener el Estado del bienestar?
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