Asunción.- El ex ministro paraguayo Sabino Augusto Montanaro pasó hoy su primer día de arresto en un hospital tras abandonar este viernes su asilo de dos décadas en Honduras, mientras las víctimas de la dictadura exigen su encarcelamiento por las decenas de muertos y desaparecidos que le atribuyen.
Montanaro, de 86 años y aquejado de mal de Parkinson y de otras complicaciones derivadas de su avanzada edad, "debe confesar dónde están nuestras hermanas y hermanos que han desaparecido bajo la represión dictatorial", señaló el Partido Comunista Paraguayo (PCP) en un comunicado.
Según el PCP, la agrupación más perseguida durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-89), el que fuera ministro de Interior entre 1966 y 1989 y que afronta numerosas demandas por delitos de lesa humanidad, "fue uno de los principales jefes del terrorismo de Estado de la dictadura anticomunista".
Por su parte, el abogado y activista Martín Almada sostuvo que Montanaro, quien estuvo al frente de los organismos de seguridad en la época más dura de la dictadura, "no solamente debe rendir cuenta por sus crímenes sino también por sus robos al Estado y al pueblo paraguayo, que sigue reclamando justicia".
Almada, cuya esposa, Celestina Pérez, murió mientras él estaba en prisión, recordó que el ex ministro "también hizo parte de la Operación Cóndor", un esquema de represión acordado en las décadas de 1970 y 1980 por los gobiernos militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
El obispo de la diócesis de Misiones y Ñeembucú (sur del país), Mario Melanio Medina, calificó a Montanaro de "cruel" y "brazo derecho de Stroessner", fallecido en agosto de 2006 en su asilo de Brasilia, y sostuvo que Montanaro "tiene sobre sí la lágrima y la sangre de tantos paraguayos".
Medina, tildado en su día por Montanaro como el obispo de la "sotana roja", presidió la Comisión Verdad y Justicia, que fue constituida para investigar no solo los atropellos del régimen de Stroessner sino los cometidos por organismos del Estado hasta 2003.
En agosto de 2008, esa comisión reveló que al menos 59 personas fueron ejecutadas y otras 336 desaparecieron durante la dictadura, que persiguió a 128.076 activistas, según los datos reunidos a partir de testimonios de supervivientes y familiares de desaparecidos.
Tras el derrocamiento de Stroessner, Montanaro viajó en 1989 a Tegucigalpa con un salvoconducto otorgado por el Consulado en de Honduras en Asunción, y se refugió allí durante 20 años.
Desde su huida, afronta en Paraguay causas por torturas, asesinatos y desaparición forzada de personas, y en dos de ellas fue solicitada a Honduras su extradición, la última en 1997.
Sin embargo, las peticiones no prosperaron debido a que no existía un tratado de ese tipo entre los dos países, acuerdo que recién fue firmado a mediados del año pasado en Tegucigalpa.
Uno de las causas está a cargo del juez Arnaldo Fleitas en el proceso en el que se investiga la desaparición del médico paraguayo Agustín Goiburú, ocurrida en noviembre de 1969 en la ciudad argentina de Posadas, en la frontera con Paraguay.
En este proceso, Fleitas condenó a diez años de cárcel al ex cónsul paraguayo en esa ciudad fronteriza, Francisco Ortiz Téllez, quien informó a los organismos de seguridad stronistas de las actividades del médico.
El magistrado es el mismo que ayer ordenó el traslado bajo arresto de Montanaro al policlínico policial Rigoberto Caballero desde el sanatorio Adventista, donde fue llevado de la terminal aérea de Asunción, ya que llegó en silla de ruedas y acompañado de una enfermera hondureña.
Fuentes del policlínico policial dijeron hoy a periodistas que el ex ministro amaneció "estable", aunque al parecer sin lucidez mental.
El parte de la junta médica que inspeccionó ayer a Montanaro le diagnosticó "arterioesclerosis senil, trastornos cognitivos crónicos de origen a determinar, un globo vesical, así como una enfermedad de Parkinson".
Entretanto, activistas de derechos humanos y agrupaciones de izquierda anunciaron que permanecerán en vigilia frente a la sede del policlínico hasta que la Justicia dictamine, probablemente el próximo lunes, si deber permanecer en ese lugar.
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