Asunción.- La Corte Suprema de Justicia de Paraguay ordenó hoy el arresto domiciliario del ex ministro de Interior durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-89), Sabino Augusto Montanaro, recluido desde hace dos días en la penitenciaría asuncena de Tacumbú.
Fuentes judiciales informaron que la Sala Penal del máximo tribunal, formado por Alicia Pucheta, Sindulfo Blanco y Miguel Bajac, resolvió esa medida de forma unánime, dentro del hábeas corpus reparador tramitado por la esposa de Montanaro, Martha Beatriz Talavera.
Montanaro, de 86 años, con mal de parkinson y otros achaques por causa de su avanzada edad, había sido fichado como el recluso número 3073 de Tacumbú, el mayor centro de reclusión del país, donde hoy completó dos noches después de ser trasladado la tarde del miércoles desde el Policlínico Policial Rigoberto Caballero.
En este centro médico había permanecido bajo arresto por orden judicial desde su llegada al país, el 1 de mayo pasado, proveniente de Honduras, donde estuvo asilado durante 20 años.
"La resolución es bastante clara, se hace lugar al hábeas corpus y se remiten copias a los jueces (Andrés) Casati y Digno Fleitas", afirmó a periodistas una fuente del máximo tribunal, al referirse a los magistrados que tienen a su cargo diferentes procesos abiertos a Montanaro por delitos de lesa humanidad.
El encarcelamiento de Montanaro fue ordenado el pasado lunes por Casati, cuatro días después de que Fleitas determinara que permaneciera en el hospital policial en calidad de recluido, y de momento se desconoce si será trasladado a su residencia o a un hospital.
Casati decretó la prisión del que fuera ministro de Interior entre 1966 y 1989, la época más dura del régimen de Stroessner, tras la declaración testifical del secretario general de la Presidencia, Miguel López Perito.
El jefe de Gabinete de Lugo ofreció su testimonio sobre la muerte del dirigente estudiantil Mario Schaerer Prono, en abril de 1976, ya que compartió el calabozo con él tras ser detenidos en una redada contra la clandestina Organización Política Militar (OPM).
La orden de Casati, quien ha sido recusado por los familiares del ex ministro, fue cuestionada por algunos especialistas, ya que el Código Procesal Penal prohíbe el encarcelamiento de personas mayores de 70 años mientras dure el proceso.
Además, está pendiente una prueba siquiátrica ordenada por el juez Fleitas, quien tiene a su cargo otros casos de asesinatos y desapariciones para decidir si el encausado está en condiciones de hacer frente a un proceso judicial.
El ex hombre fuerte de la dictadura "stronista" afronta causas por torturas, apresamientos ilegales y desaparición forzada de personas, algunas de ellas dentro de la Operación Cóndor, un sistema instaurado en las décadas de 1970 y 1980 por los regímenes militares en el Cono Sur para reprimir a sus opositores más allá de las fronteras de cada país.
La Comisión de Verdad y Justicia, que se encargó de investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas por la pasada dictadura, precisó en su informe final, divulgado en agosto de 2008, que al menos 59 personas fueron ejecutadas y otras 336 desaparecieron durante ese régimen.
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