Toledo.- El debate sobre el aeropuerto de Ciudad Real y la reforma de la ley del suelo de la comunidad se ha enconado hoy un grado más en el pleno de las Cortes regionales, pese a lo cual el PSOE y el PP han aprobado por unanimidad una proposición no de ley de apoyo a esta infraestructura.
La iniciativa, presentada por el PP, ha salido adelante en medio de un cruce constante de acusaciones, dentro y fuera del salón de plenos, en el que han tomado parte el presidente del Gobierno, José María Barreda, la máxima responsable de la oposición, María Dolores de Cospedal, varios diputados de ambos partidos y un consejero.
El foco del enfrentamiento sigue en las dos enmiendas del grupo socialista al proyecto de reforma de la LOTAU para permitir la segregación de los terrenos de los proyectos de singular interés como el aeropuerto, lo que el PP entiende como "un pelotazo".
Barreda ha tomado la palabra al término del debate de los grupos para asegurar que el único interés que defiende es el de Castilla-La Mancha y ha acusado al PP de llevar a cabo una "ceremonia de desestabilización" y de sembrar sospechas en un intento de "abrir un flanco de ataque al presidente de la Junta".
El presidente regional ha negado que exista ningún "pelotazo", mientras que los dirigentes socialistas José Manuel Caballero (dentro del pleno) y Santiago Moreno (fuera de la sala) han lanzado el mismo mensaje: el PSOE y el PP trabajaban juntos por el aeropuerto hasta que llegó Cospedal a la región y decidió "cargarse" el proyecto.
También fuera del pleno, en declaraciones a los periodistas, Cospedal ha subrayado que su partido apoya de forma incondicional el aeropuerto, algo que dirá "una y mil veces, si hace falta".
Pero "una cosa es el aeropuerto y otra cosa es otra cosa", ha advertido Cospedal, que ha apuntado que son quienes quieren modificar la LOTAU los que tienen que explicar sus razones para hacerlo, pues el PP no las comprende, dado que el aeropuerto ya funciona.
Entre tanto, dentro del pleno, la portavoz del PP en este debate, María Luisa Soriano, ha planteado que hay intereses "turbios y una sospechosa intencionalidad" en la reforma legal.
Se han vivido momentos de tensión cuando la presidenta del PP, María Dolores de Cospedal, ha pedido sin éxito la palabra al entender que se habían emitido juicios de valor sobre su persona cuando desde las filas socialistas se le acusó de ser la responsable de las informaciones aparecidas sobre un posible "pelotazo" y de tener intereses en un futuro aeropuerto de Madrid.
Al final, se ha aprobado por unanimidad la proposición del PP, pero la discusión ha continuado en el siguiente punto, relativo a la política de urbanismo de la Junta, en este caso con Marcial Marín (PP), José Molina (PSOE) y el consejero Julián Sánchez Pingarrón como protagonistas y con argumentos similares a los escuchados minutos antes.
Y en el debate paralelo que, como es habitual, se ha mantenido en la sala de prensa, el enfrentamiento ha salpicado de nuevo a Caja Castilla La Mancha (CCM) después de que ayer se hiciera público que perdió el año pasado 740 millones de euros.
Cospedal ha subrayado que ese dato hace más necesarias que nunca la comisión de investigación que solicita su partido y la dimisión de la vicepresidenta y consejera de Economía, María Luisa Araújo, quien no va atender a la petición de la oposición de que deje el cargo.
Araújo ha atribuido las elevadas pérdidas de la caja a la "extrema prudencia" del Banco de España, que ha dotado provisiones aunque el riesgo de los créditos fuera mínimo, y ha subrayado que, pese a la "estrategia" del PP, CCM es la caja "más solvente, más sólida y con más futuro" del panorama financiero español.
En este debate también ha terciado Santiago Moreno, muy crítico con el PP, al que sigue señalando como responsable de una campaña que asustó a la gente y causó la retirada de depósitos de la entidad y, con ello, la intervención del Banco de España.
Tampoco se han puesto de acuerdo socialistas y populares sobre un asunto en el que, en teoría, defienden un objetivo común: la construcción de la autovía Cuenca-Teruel.
El PP había presentado una proposición de ley pidiendo rapidez en la redacción de alternativas tras la declaración de impacto ambiental negativa al primer proyecto, pero sobre la marcha ha introducido un nuevo planteamiento para pedir a la Junta que apoye los posibles recursos que presenten los ayuntamientos afectados contra esa declaración.
El PSOE se ha negado a apoyar ese texto, pues considera, como ha explicado el consejero Sánchez Pingarrón, que la colaboración que ahora mantienen el Gobierno central y las administraciones regionales para encontrar una alternativa es una vía mucho más efectiva.
El primer punto del orden del día fue la aprobación, con los votos a favor de la mayoría socialista y en contra del grupo popular, de la Cuenta General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha correspondiente a 2005.
En la sesión vespertina ha intervenido de nuevo Araújo, quien ha desgranado las medidas de apoyo que desde el Gobierno regional se ofrece a los autónomos y a los emprendedores, sin hallar la complacencia del diputado del PP José Luis Teruel, que le ha dicho que todas le parecen insuficientes.
La socialista Rosa Melchor ha lamentado que Teruel se haya limitado a ese adjetivo sin ofrece ninguna propuesta.
Y la última noticia de la jornada parlamentaria la ha ofrecido la consejera de Justicia, Magdalena Valerio, durante una de las preguntas orales que cerraban la sesión.
Que se entrevistará con el ministro Francisco Caamaño este mes entrante para avanzar en la negociación de la trasferencia de las competencias de Justicia.
No ha mostrado entusiasmo en esa información la diputada del PP Natalia Tutor, que lleva varios meses instando desde el parlamento a que se produzcan esos avances, avances que Valerio ha prometido que no se darán si Castilla-La Mancha no obtiene del Estado "una financiación adecuada".
De todo esto no se han enterado los diputados del PP encargados de los asuntos de agricultura, ya que a la misma hora que se debatían en el salón de plenos ellos habían programado una reunión en sus dependencias con representantes de la asociación cooperativista Ucaman, de visita en el parlamento.
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