Redacción Internacional.- La ONU debe imponer sanciones a los Gobiernos y los grupos armados que usan a niños soldado, comenten actos de violencia sexual contra los menores y atacan escuelas, así como perseguir judicialmente a los comandantes responsables, aseguró hoy la organización Human Rights Watch (HRW).
Aunque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que debatirá mañana sobre niños y conflictos armados, ya ha dicho que considerará las sanciones, lo cierto es que "estos crímenes han continuado durante años", dice HRW en un comunicado divulgado en su página web.
El embargo de armas, las prohibiciones de viaje y la congelación de activos bancarios figuran entre las medidas propuestas por HRW, que también solicita la persecución criminal de los reclutadores de niños por tribunales nacionales o por la Corte Penal Internacional (CPI), que hasta ahora ha emitido siete órdenes de arresto por esos crímenes.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, identificó la semana pasada 56 Gobiernos y grupos armados de 14 países que han violado las leyes internacionales contra el reclutamiento de menores.
Los Gobiernos de Burma (Birmania), Chad y la República Democrática del Congo (RDC) y los grupos Tigres para la Liberación de la Patria Tamil (LTTE) en Sri Lanka, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el también colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN) figuran entre los incluidos en siete informes consecutivos de la ONU.
HRW también identifica a varios comandantes conocidos por usar a los niños en conflictos bélicos que ahora ocupan cargos importantes en sus Gobiernos o Ejércitos, lo que HRW califica de "simplemente vergonzoso".
Son los casos en la RDC de Jean-Pierre Biyoyo, recientemente nombrado coronel, aunque en 2006 fue condenado a cinco años de prisión por un tribunal militar por reclutar a menores cuando era líder de una milicia, o de Bosco Ntaganga, ascendido a general a pesar de la orden de arresto emitida contra él por la CPI por esos mismos crímenes.
También menciona a Vinayagamoorthy Muralitharan, desde abril ministro de integración nacional y reconciliación de Sri Lanka, aunque en 2004, cuando era comandante del LTTE, fue responsable del reclutamiento de miles de niños y después, al frente de un grupo aliado del Gobierno, secuestró a millares de menores con el mismo fin.
HRW también insta al Consejo de Seguridad de la ONU a que adopte una actitud más fuerte para detener los actos de violencia sexual contra los menores y los ataques contra escuelas que afectan a la educación de los niños.
Sólo en la RDC, decenas de miles de mujeres y niñas han sido objeto de violencia sexual desde el comienzo de la guerra, en 1996, mientras que 600 escuelas permanecían cerradas en marzo en Afganistán por los ataques sufridos y más de 280 fueron han sido incendiadas en el sur de Tailandia.
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