Aumenta el número de familias que piden la Renta Mínima de Inserción, que no sustituirá al paro

Madrid.-  Asuntos Sociales ha percibido en los últimos meses un incremento del 2,5% en el número de familias que piden ayuda para resistir a situaciones de grave riesgo de exclusión social y espera que en 2009 sean aún más, pero descarta que la Renta Mínima de Inserción llegue a sustituir a la prestación por desempleo cuando ésta se termina.

Así lo ha explicado esta mañana la titular de este departamento, Engracia Hidalgo, tras la presentación del balance de gestión de esta ayuda, que alcanzó en el año 2008 a 8.610 familias, unas 26.000 personas, que recibieron en prestaciones directas 37,8 de los 41,2 millones de euros presupuestados, con una media de 400 euros por familia.

El objetivo de la RMI "no es convertirse en un subsidio indefinido sino ayudar a las familias a tener un sustento y motivarlas para que encuentren trabajo y que su situación de exclusión no se prolongue", por lo que, además de dinero, se les ofrece formación de obligado cumplimiento para percibir la ayuda.

Hidalgo ha rechazado, por una cuestión básica de respeto a las competencias de cada Administración, ha dicho, la propuesta sindical de que las comunidades autónomas se hagan cargo de apoyar económicamente a las familias que terminan de recibir la prestación por desempleo y no tienen otro sustento.

Las ayudas, ha precisado la consejera, están concebidas para familias en situaciones "absolutamente excepcionales" de manera que, aunque muchos de los que las perciben están en paro, "no están ligadas a esa situación".

"Es muy importante distinguir de lo que sería una prestación por desempleo, que es responsabilidad y competencia exclusiva de la Administración General del Estado a cuya caja de la Seguridad Social nosotros contribuimos todos los meses -en el caso de Madrid con una aportación que ha permitido al Estado tener un superávit-, que el derecho a percibir esta ayuda puntual", que se puede pedir y obtener siempre que se cumplan los requisitos.

No obstante, ha recordado que si éstos se cumplen, "es igual" el número de familias que lo pidan, lo recibirán todas ellas "porque es un derecho" y ha asegurado que si hay que aumentar el presupuesto que la Comunidad destina a este fin "lo haremos".

Ha reconocido que la petición de ayudas, que suele ser de unas 300 al mes, ha pasado a cerca de mil en los últimos meses, aunque no pudo precisar cuántas de ellas cumplen los requisitos.

Estos consisten en tener ingresos inferiores a la pensión no contributiva; un patrimonio de menos de 22.000 euros, ser residente en la Comunidad de Madrid y acreditar una antigüedad como vecino de 12 meses, así como tener una edad mínima de 25 años y máxima de 65.

La mayor parte de las peticiones rechazadas el año pasado (780) se debió a que superaban los ingresos mínimos; otros 2.209 perceptores salieron del sistema al mejorar sus condiciones.

La foto fija del perceptor de estas ayudas es una mujer, de unos cuarenta años, parada, con menores a su cargo y residente en un piso de alquiler, o cedido, y con una preparación académica muy baja, aunque este año se ha incrementado el número de familias con niños (en su mayoría, inmigrantes).

Otro dato constatado en el análisis de la RMI de 2008 es el bajo nivel de instrucción de los solicitantes, con un 14,91% de analfabetos, un 56% por debajo del Graduado Escolar y sólo un 12% superan estos estudios.

Por ello, la consejera ha insistido en la importancia que tienen los proyectos de integración complementarios a la prestación económica y que llevan a cabo varias consejerías -Asuntos Sociales, Empleo, Educación, Sanidad y Vivienda- que, en total, gastarán este año 325 millones de euros frente a los 285 millones que se invirtieron en el pasado.