Madrid.- El fiscal ha dicho hoy que los tres mandos militares acusados de identificar erróneamente 30 de los 62 muertos en el accidente de avión del Yak-42 cometieron una "invención" en las identificaciones para repatriar a España los cadáveres "con mucha prisa", decisión que se tomó "desde el primer momento".
Así lo ha considerado el fiscal Fernando Burgos en la exposición de su informe final ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga al general de Sanidad Vicente Navarro, al comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez por un delito continuado de falsedad documental.
Ha recordado que la lista elaborada por Navarro era un documento "con 62 números y 32 nombres unidos a los respectivos números y 30 vacíos porque no se han podido identificar. Los vacíos son rellenados con nombres y apellidos por el acusado".
El representante del Ministerio Público ha acusado a los tres militares de mentir y ha señalado que hubo una redacción "cínica" de las necropsias de los militares fallecidos en el accidente del avión ocurrido en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003.
"La decisión estaba tomada desde el primer momento", ha recalcado el fiscal, quien ha señalado que hay una cantidad de indicios que le llevan a esta convicción como el hecho de que el equipo español que se trasladó a Turquía contara con un biólogo y un odontólogo que no utilizaron, que no se tomaran muestras de ADN, que no se elaborara programa alguno de trabajo o que los tres acusados abandonaran el hotel tras pernoctar la primera noche.
Además, se organizó un acto fúnebre al día siguiente de la repatriación, "cuando no existía ni la más remota posibilidad de identificación de los cadáveres", ha recalcado el fiscal.
"Todos estos indicios revelan que los cadáveres tenían que salir inmediatamente, con mucha prisa, por la celebración quizá de un acto o no", ha recalcado.
Burgos ha acusado a los militares de mentir y de inventar, ya que ha dicho "lo sabían": "Estuvieron allí concentrados en lo que estaban haciendo" y "estaban en el pleno ejercicio de sus facultades mentales", ha indicado.
Su finalidad era ejecutar la lista y cumplir los fines del servicio público que les habían encomendado, lo que hicieron "faltando a la verdad", según Burgos, quien ha dicho que si los cadáveres no se hubieran identificado falsamente no se hubieran podido incinerar.
Por ello, ha sostenido que se falsearon la lista de los cadáveres y las necropsias, falsedad que llevó después a la de los certificados de defunción, las licencias de enterramiento y los registros de los cementerios, lo que supone un delito continuado.
Aunque ha considerado a Navarro "dominador" de todos estos actos de falsedad por su condición de jefe de la misión, Burgos ha considerado que los otros dos acusados sabían que en las bolsas y en los féretros "no están los restos de las personas que dicen".
El fiscal ha explicado que la falsedad documental produjo una responsabilidad civil por los daños morales causados y ha sostenido que las indemnizaciones son independientes de las ayudas del Estado.
Burgos pide 5 años de cárcel para Navarro y 4 años y medio para José Ramírez y Miguel Sáez por un delito continuado de falsedad documental.
Además de la pena de cárcel, el fiscal solicita una multa y una pena de inhabilitación especial para cada uno de los tres acusados: de 30.000 euros y 5 años para Navarro y de 24.000 euros y 4 años y medio para Ramírez y Sáez.
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