MADRID.- La Asociación de Familiares Afectados por el Accidente del Yak-42 interpuso este miércoles un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional que el pasado mes de mayo condenó a tres años de prisión al general Vicente Navarro y a 18 meses de cárcel al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez por las identificaciones erróneas de 30 de los 62 cadáveres que se produjeron en el accidente ocurrido Trazbon (Turquía) el 26 de mayo de 2003.
En un comunicado remitido esta tarde, la Asociación expresa su discrepancia con los razonamientos y disposiciones realizados en la sentencia de la Audiencia Nacional al apreciar dos delitos continuados de falsedad por parte de los tres condenados que conllevarían "mayores penas de las impuestas y una responsabilidad civil por el daño causado superior a la atribuida".
A pesar de mostrar su satisfacción con la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la Asociación mantuvo la tesis inicial y esgrimida en el juicio oral de que existen dos delitoscontinuados de falsedad de los que considera autores al general Navarro, al comandante Ramírez y al capitán Sáez. Y por ello, considera que las penas impuestas a los mismos deberían ser mayores.
La Asociación recordó que, teniendo en cuenta lo visto durante el juicio del Yak, "no parece verosímil que la cúpula del Ministerio de Defensa desconociera, se abstrajera y confirmara una falsedad previsible" como la de los errores en la identificación de los cuerpos y que, según indició, "ahora la Sala de lo Penal ha sancionado como delictiva".
"También, por desgracia, no esperamos, como no se hizo hace seis años, una declaración de verdad sobre el por qué se enterraron tan deprisa y sin identificar a los nuestros, ni tampoco sobre el por qué un Ministerio se empeño en avalar una conducta que entonces se presumía delictiva, no cuestionándola en ningún momento y haciéndonos creer que estábamos equivocados, que estábamos manipulados y que atentábamos contra el honor de los muertos", argumentó la Asociación.
Por último, indició en que continuará "con su deber" de intentar conocer "la verdad" de lo ocurrido y "depurar las responsabilidad" que en su caso se pudieran derivar "por unas actitudes que han causado estupor en la opinión pública y mucho dolor en las familias".
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