Montevideo.- La Asociación de la Prensa de Uruguay (APU) calificó hoy al poder judicial como "una de las principales amenazas" que afrontan los periodistas en este país para desarrollar su profesión.
En un informe difundido en Montevideo, la APU indicó que tres periodistas uruguayos fueron condenados en 2008 a penas de cárcel porque la doctrina aplicada por los jueces "privilegia el (derecho al) honor frente a la libertad de expresión".
En el Relatorio 2008 sobre la prensa en Uruguay, la APU documenta las violaciones y amenazas a las libertades de expresión y de prensa o al derecho a la información ocurridas el año pasado, así como aquellos eventos que favorecieron el ejercicio de la profesión periodística.
Según el informe, el Poder Judicial, "con fallos restrictivos del derecho a la libertad de expresión, se convirtió en una de las principales amenazas que enfrentan los periodistas a la hora de ejercer su profesión".
El anuario detalla los casos de Marlene Vaz, Norberto Costabel y Luis Alberto Giovanoni, tres periodistas uruguayos que fueron condenados a penas de prisión durante 2008.
El vicepresidente de la APU, Manuel Méndez, dijo a Efe que los jueces "priorizan el derecho al honor de un funcionario público o de una persona por encima del derecho a la información" al aplicar la doctrina que contempla los denominados "delitos de comunicación".
El desacato, la difamación y las injurias cometidas a través de los medios se incluyen entre estos delitos, explicó Méndez, quien consideró que, al aplicar esta doctrina, los jueces "no se ajustan a los parámetros internacionales".
El vicepresidente de la APU indicó que esta institución elaboró, junto a otras organizaciones, un proyecto de ley que "eliminará los delitos de comunicación y la vía penal", que "solo" se utilizará "en casos de real malicia, de que haya intención de provocar daño a alguien" con la información publicada.
Méndez precisó que la APU se encuentra a la espera de que el Parlamento apruebe a lo largo de "este año" dicho proyecto de ley, que ya recibió el visto bueno del Senado y que contó con el apoyo del presidente del Gobierno, Tabaré Vázquez.
Además, el informe de la APU señala un "importante" aumento de las agresiones y amenazas a periodistas durante 2008, con tres profesionales amenazados de muerte y doce atacados, "incluso" por parte de "funcionarios policiales".
"La prevención de este tipo de conductas, que buscan acallar a la prensa por agresiones directas, pasa por investigar y sancionar", reza el relatorio.
No obstante, el vicepresidente de la APU también destacó acontecimientos que afectaron "positivamente" al ejercicio de la libertad de prensa, como la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley Nacional de Archivos, que "permiten a los periodistas acceder a documentos públicos".
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