Madrid.- El ejercicio de la libertad de expresión "se ha ido complicando más y más" durante los últimos seis meses en Uruguay, a raíz de "acciones contra reporteros y medios de comunicación, la profundización de la presión gubernamental y un aumento de las demandas judiciales".
Así se destacó en el informe sobre el país sudamericano presentado hoy en la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que celebra estos días en Madrid su 64 Asamblea General.
Las acciones contra los reporteros estuvieron relacionadas con "la investigación y publicación de temas sensibles", y la presión gubernamental tuvo que ver con "la procura de torcer el enfoque de las noticias" en beneficio del Gobierno, señala el informe.
La hija del periodista Ricardo Aldabe fue atacada a balazos por informaciones difundidas sobre su padre y tres reporteros (William Pérez, Luis Carlos Cotelo y Marlene Vaz) fueron amenazados de muerte por difundir informaciones sobre asuntos sensibles.
A eso hay que sumar que "un jerarca del Gobierno amenazó con retar a duelo a dos periodistas, Iván Kirichenko e Ismael Grau, por una información que le disgustó y un fotógrafo (Nicolás Celaya) fue arrestado por la policía mientras cumplía con su trabajo".
El documento sobre Uruguay subraya "una represalia flagrante" por parte del Banco de la República, que suspendió "la contratación de publicidad en el semanario 'Búsqueda', luego de la difusión de una investigación en la que se informó sobre la cancelación de una deuda del vicepresidente, Rodolfo Nin Novoa, con ese banco público".
También se denunció que "la legislación criminal vigente en Uruguay, que castiga los derechos de desacato, difamación e injurias, entre otros, con penas de cárcel, se mantiene vigente pero en la última semana de septiembre el Gobierno envió al Parlamento un proyecto de despenalizar esos delitos cuando se trate de asuntos de interés público".
La SIP expresó su preocupación porque se persigue "introducir la doctrina de la real malicia como parámetro para evaluar la publicación de una información que se considere perjudicial para cualquier ciudadano".
Durante el último semestre "siete periodistas (Marlene Vaz, Ana María Mizrahi, Álvaro Alfonso, Luis Alberto Giovanoni, Gabriel Pereyra, Norberto Costabel y Roger Rodriguez) fueron sometidos a juicios penales por difundir informaciones u opiniones, y dos de ellos (Vaz y Costabel) fueron condenados a penas de prisión".
Estas penas de cárcel están en suspenso, matizó la SIP.
Estos últimos seis meses, añadió esta organización, que agrupa a medio millar de propietarios y directores de comunicación, también fueron testigo de "un florecimiento de las demandas civiles contra medios, periodistas, editoriales y documentalistas, por montos millonarios que, en algunos casos, ponen en riesgo la viabilidad misma de ciertas organizaciones periodísticas".
"Como ha sido su costumbre desde su instalación en 2005, el Gobierno del presidente Tabaré Vázquez, a través de sus principales voceros, hostigó a la prensa, a veces con descalificaciones éticas y morales, por la publicación de noticias que disgustaron al poder", reflejó el informe.
Entre otros calificativos, se utilizaron contra periodistas los de "vendidos", "mentirosos", "inmorales", "chatarreros", "ligeros", "basura anti-ética" e "inmundicia".
El informe señaló, en el lado positivo, que "el acceso a la información pública pareció experimentar un avance en la sanción, en el Senado, de un proyecto de ley al respecto presentado el 17 de julio".
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