La nueva propuesta de las FARC genera esperanzas, pero el Gobierno calla

Bogotá.-  La retirada por parte de las FARC de una de sus exigencias para un diálogo con el Gobierno fue bien recibida hoy por los familiares de los secuestrados y por el grupo Colombianos por la Paz, pero no tuvo respuesta desde el Ejecutivo.

"Es una noticia alentadora, en el sentido de que ya las FARC dejan a un lado tanto inamovible y plantean una negociación directa y más fácil", consideró Carlos Lozano, director del semanario comunista Voz y miembro del grupo Colombianas y Colombianos por la Paz (CCP), que encabeza la senadora Piedad Córdoba.

"Para nosotros es importante y positivo", dijo a Efe, por su parte, la presidenta de la Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y Liberados por Grupos Guerrilleros (Asfamipaz), Marleny Orjuela.

En una comunicación dirigida a CCP y divulgada el domingo, el Secretariado (mando central) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) expresa que está listo "para el canje de prisioneros de guerra y en disposición de no hacer del lugar de diálogo un obstáculo insalvable".

Hasta ahora, las FARC habían pedido que se desmilitarizara un territorio del suroeste del país como condición para negociar con el Gobierno un acuerdo de intercambio humanitario de militares y policías secuestrados por guerrilleros presos, condición siempre rechazada por el presidente de Colombia, Álvaro Uribe.

El Gobierno, al que Lozano pidió que estudie la propuesta "con mucha tranquilidad", aún no se ha pronunciado, aunque este sábado Uribe dijo que descartaba la posibilidad de mantener diálogos de paz con las FARC y anunció "firmeza contra los terroristas" .

Lozano dijo a la prensa en Bogotá que los rebeldes piden garantías para el desplazamiento de sus representantes Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada y Fabián Ramírez, si llega a concretarse la negociación.

Las FARC, que acaban de lanzar una ofensiva con motivo del primer aniversario de la muerte de su líder, Pedro Antonio Marín, "Tirofijo", que ha dejado más de una decena de muertos, dicen que se trata de "garantías efectivas" en protocolos acordados de común acuerdo.

Además señalan que "se hace necesario que, además del acompañamiento de CCP, también exista una veeduría (observación) de la comunidad internacional".

El mensaje de las FARC no solo ha producido esperanza entre los familiares de los rehenes: también ha causado preocupación, pues la guerrilla señala que son 20 los policías y militares secuestrados que busca canjear por guerrilleros presos en lugar de los 22 que aparecían hasta ahora en las listas.

"Nos asiste esta preocupación: ¿qué pasa con los otros dos?", expresó Orjuela.

Las FARC mencionan el número al anunciar que se comprometen con enviar a las familias, cuando existan "condiciones propicias", pruebas de vida de ellos, algunos de los cuales llevan más de once años privados de la libertad.

Orjuela confió en que se trate de una "equivocación" de quienes redactaron el mensaje, que es el tercero de respuesta de las FARC a igual número de mensajes que han recibido del colectivo CCP, conformado por periodistas, sindicalistas, políticos e intelectuales que el pasado septiembre invitaron a la guerrilla a entablar un "intercambio epistolar" con ellos.

Además de declararse de nuevo dispuestos a la búsqueda del acuerdo humanitario, los guerrilleros dicen que entregarán los restos de Julián Ernesto Guevara, mayor de la policía muerto en enero de 2006, seis años después de que cayera en sus manos.

Al tiempo reclaman los restos de dos de sus muertos, los miembros del Secretariado "Raúl Reyes", portavoz internacional y segundo al mando del grupo, e "Iván Ríos", cuyos cadáveres fueron entregados a los familiares que los reclamaron en su momento.

El primero perdió la vida en el bombardeo colombiano del 1 de marzo de 2008 a su campamento en Ecuador, mientras que el segundo fue asesinado cinco días después por su jefe de seguridad en el noroeste del país.

Hace ahora 25 años, el 28 de marzo de 1984, las FARC y el Gobierno del entonces presidente colombiano, el conservador Belisario Betancur, firmaron los llamados Acuerdos de Uribe.

La tregua que se incluía en el acuerdo fue rota por los rebeldes un año más tarde tras haber acusado a los militares de violar los compromisos asumidos.