Oviedo.- El consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre, ha garantizado hoy el derecho a la escolarización para los 85.000 alumnos de la enseñanza pública durante la jornada de huelga convocada por varios sindicatos para el próximo 1 de abril a la que están convocados 11.000 profesores.
En rueda de prensa, Iglesias Riopedre ha señalado que los servicios mínimos fijados por su departamento incluyen a un profesor de Primaria por cada tres unidades y uno de Secundaria por cada cuatro mientras que funcionarán con normalidad los servicios de comedor y de transporte, así como las escuelas-hogar y los centros de educación especial, en los que deberá trabajar toda la plantilla.
El titular de Educación, que ha comparecido ante los periodistas junto al resto de altos cargos de su departamento, ha hecho un llamamiento "a la reflexión" ante un paro, del que se ha descolgado UGT, convocado en un momento "de grandes dificultades para el desarrollo de la actividad económica y el mantenimiento del empleo".
Riopedre ha reiterado que la demanda sindical de constituir una Mesa Sectorial de Educación compete a la Mesa General creada en la administración autonómica y formada por los representantes elegidos en las elecciones sindicales llevadas a cabo en el Principado.
Asimismo, ha incidido en que varias sentencias judiciales han dado la razón al Gobierno regional sobre la existencia o no de una negociación abierta en torno a esta cuestión y ha subrayado que el problema es que "ese marco no le gusta a determinadas organizaciones que no han obtenido representación en la mesa general".
Según el consejero, el Ejecutivo está dispuesto a avanzar en la Mesa General en la negociación de este asunto, al igual que en abordar los criterios para la aplicación en 2009 del seguimiento de la actividad profesional, la segunda razón que ha llevado a los sindicatos a convocar la huelga, en la reunión de este órgano prevista para la jornada de paro del próximo jueves.
En relación con este asunto, el titular de Educación ha reiterado que la evaluación del profesorado forma parte del proceso de extensión a toda la administración autonómica de la carrera profesional a pesar de que su puesta en marcha requiere, en el caso de los profesores, de la Ley asturiana de Función Pública y del Estatuto Estatal Básico de la Función Pública Docente.
Riopedre ha subrayado que el Gobierno ha ofrecido un anticipo a cuenta de este concepto a todos sus funcionarios que lo soliciten de forma voluntaria hasta que se disponga de una regulación que permita aplicar la carrera profesional "de forma definitiva".
Así, el actual seguimiento tiene carácter experimental y carece de repercusiones económicas y administrativas para los profesores, pero, ha indicado, la evaluación de su desempeño es "irrenunciable" para el objetivo de conseguir una administración "más eficiente".
El documento plantea crear una comisiones de evaluación en cada centro denominada unidad de gestión e integrada por el director, el jefe de estudios y un inspector, que será el responsable final de este órgano.
La guía, a modo de boletín de notas, contiene quince indicadores basados en el esquema de la "evaluación de desempeño" con dos ámbitos de "concreción" adaptados a la función docente.
Así, establece una clasificación que va desde mejorable -"si "nunca o casi nunca" se desarrollan correctamente las tareas u obligaciones" hasta sobresaliente si estas tareas se desarrollan siempre y se muestra una "alta disposición" al compromiso así como también "plena dedicación y eficacia".
En cuanto a la advertencia del diputado de IU Francisco Javier García Valledor de que la coalición dejará "en minoría" al Gobierno en la Junta en una votación sobre este asunto si no se negocia con los profesores, Riopedre ha apuntado que "parece que ha habido contactos" entre los dos grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno.
El consejero ha defendido además el carácter "prioritario" desde el punto de vista político y presupuestario de la educación para el Gobierno que se refleja en los altos rendimientos académicos, al nivel de las medias europeas, y en el nivel de gasto por alumno (6.700 euros) sólo superado en España por el País Vasco y Navarra.
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