Valencia.- El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat valenciana, José Ramón García Antón ha calificado el informe Auken sobre el urbanismo en España y que se ha aprobado hoy en el Parlamento Europeo como "totalmente intolerable y politizado".
García Antón, a través de un comunicado, ha apuntado que el informe evidencia "un claro desconocimiento de las instituciones urbanísticas en el derecho español, desde el derecho de la propiedad, reconocido en nuestra Constitución, hasta las leyes de las comunidades autónomas". En este sentido, el conseller ha recordado que la Unión Europea no tiene competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo, que es competencia de los estados miembros.
El informe, ha insistido, "es totalmente intolerable ya que no reconoce las competencias de los propios Estados y de las comunidades autónomas", como proponía la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Unión Europea, que recomendó que se volviera a examinar el texto del estudio antes de ser votado.
El conseller ha matizado que el informe Auken "no es vinculante" y ha apuntado que su único objetivo es "llevar a la opinión pública a la confusión y al error aprovechando la próxima campaña europea".
"Por lo que es evidente que se trata de un informe tremendamente político, dirigido por una parte de la política del Parlamento europeo y apoyado sin ninguna duda por el PSOE y el Partido Socialista valenciano", ha concluido.
El conseller ha explicado que cuando la eurodiputada responsable del informe visitó la Comunitat Valenciana "conoció de primera mano la estrategia territorial y planes tan importantes como todo el sistema de reutilización de agua que, sin duda, el que se desarrolla en la Comunitat es el más importante de Europa".
"Estando aquí, alababa este tipo de actuaciones, pero, sin embargo, el informe ha continuado su proceso en los mismos términos, por criterios absolutamente políticos", ha asegurado el conseller de Medio Ambiente. Asimismo, ha lamentado la actitud del Gobierno, "que parece mirar para otro sitio en lugar de defender los intereses de todas las comunidades autónomas.
Los eurodiputados ya censuraron en 2005 y en 2007 los supuestos abusos de la construcción en suelo español, particularmente en la Comunidad Valenciana y la "costa mediterránea", y alertaron de la indefensión que sufren residentes españoles y europeos.
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